• 4 años sin justicia por el asesinato de Samir Flores
• En sigilo continúa la imposición del proyecto ecocida que intentaba detener el activista indígena
• Múltiples mentiras del presidente

Cuatro años se han cumplido, y los gobiernos de México y Morelos siguen solapando el encubrimiento de los asesinos del activista indígena Samir Flores, quien hoy en día continúa inspirando la lucha y movilización de decenas de comunidades originarias en resistencia, al tiempo que ha quedado en evidencia la falta de palabra del presidente de la república.

Y es que no solo López Obrador rompió su palabra, cuando en campaña electoral prometió a las comunidades de la región que anularía el Proyecto Integral Morelos (PIM), calificado como un ecocidio inviable por múltiples investigadores y académicos, y después en el poder reconoció que rompería su promesa y daría continuidad al proyecto, sino porque además a la fecha, continúa fomentando también la impunidad y la falta de justicia, mientras que sigilosamente enormes trasnacionales se regodean con millonarios beneficios de un proyecto que es ‘escondido’ sigilosamente.

La lucha de Samir Flores, vive

Samir Flores, comunicador indígena y activista, quien fuera asesinado por un comando armado frente a su casa, en Amilcingo, Morelos, en febrero del 2019, se ha convertido al día de hoy en un emblema de la resistencia de los que realmente están abajo con el pueblo, en los hechos, y no en la pura demagogia.

Esta semana, en el marco de su 4º aniversario luctuoso, se realizaron múltiples actividades para rememorar su legado, pero también para reiterar la ausencia de justicia, así como también la continuación de los polémicos macroproyectos, surgidos totalmente en beneficio de grandes trasnacionales y mineras que operan en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Las comunidades de Morelos que acompañaron la lucha de Samir Flores, incluido el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos Puebla Tlaxcala (FPDTA), realizaron un encuentro en su natal Amilcingo, y emitieron un pronunciamiento reiterando la exigencia de justicia:

«La exigencia de justicia para Samir no sólo es el castigo a los culpables sino la cancelación total del Proyecto Integral Morelos que ha sido impuesto con múltiples niveles de violencia y guerra hacia los pueblos a través del miedo, la división, el desalojo, encarcelamiento, amenazas, tortura, atentados y asesinatos. Pero sabemos, hemos dicho lo obvio y hoy lo resaltamos, el narcoEstado no se va castigar solo, los malos gobiernos no se van a meter a la cárcel solos, de arriba no vendrá la justicia, sino de abajo, desde los pueblos, desde nuestros corazones, en nuestra memoria y en la lucha permanente por la vida ante todo intento de destrucción de nuestra madre naturaleza y nuestros pueblos», expresaron  en el comunicado que fue divulgado también en redes con el ht #NarcoEstado.

Las comunidades, reiteraron también que tienen muy claro quienes son los responsables, pues no solo la fiscalía de Uriel Carmona cometió imperdonables errores como el «extravío» de evidencia sobre el crimen, en hechos que siguen ser clarificados, sino que también otros sujetos como el ex delegado de «La 4T» en Morelos, Hugo Eric Flores, y el gobernador del mismo estado, Cuauhtémoc Blanco, siguen sin ser citados a declarar, a pesar de haber estado involucrados directamente en el conflicto socio-político que derivó en el asesinato del activista, y de los indicios de encubrimiento sobre el caso.

«Exigimos que sea llamado a declarar a Hugo Erik Flores y Cuauhtémoc Blanco y que sea atraído el caso por la Fiscalía General de la República, ante el desinterés y tortuguismo de la Fiscalía General del Estado de Morelos a cargo de Uriel Carmona, la que obedece más a intereses políticos y oportunismos por querer limpiar la sangre derramada en el Proyecto Integral Morelos», denunció el FPDTA, en el marco del evento para homenajear la memoria de Samir Flores.

Y es que cabe recordar que Hugo Eric Flores, también tiene el antecedente de haber sido uno de los artífices de la defensa de los paramilitares que cometieron la masacre represora de Acteal años atrás, además de que también había emitido amenazas en contra de los activistas, y era quien ostentaba el poder y las negociaciones con la clase empresarial, quien buscaba a toda costa avanzar con el proyecto. Este sujeto, hoy sigue sin ser llamado a declarar, regodeándose con impunidad, y manteniendo su mismo modus operandi de creación de partidos políticos desechables.

De forma paralela, 125 colectivos y comunidades indígenas, provenientes de 18 entidades de México, que sesionaron el pasado 20 de febrero en la «Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes», en Santiago Mexquititlán, Querétaro, también se pronunciaron, y no solo para denunciar 4 años de impunidad en el caso de Samir Flores, sino también por el hecho de que el estado mexicano, continúa solapando de forma rutinaria las agresiones del crimen organizado en contra de activistas indígenas, como sucedió recientemente en el caso de Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes Garza, levantados violentamente el pasado 15 de enero, y quienes continúan desaparecidos, ante la total inoperancia y falta de capacidad de las autoridades de este país, por detener la embestida criminal contra los pueblos en resistencia.

«Cuatro años después, no solamente condenamos, la dilatación de la justicia y la impunidad, demandamos verdad y justicia para Samir. Hoy refrendamos que las semillas que sembró en el andar de su lucha, florecen en esta Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida», expresaron a través de asamblea del Congreso Nacional Indígena, en la cual se conjuntan decenas de poblaciones originarias que se han declarado en pie de lucha contra el narcoestado mexicano.

En el mismo comunicado, las organizaciones firmantes, además de reiterar que Samir Flores vive, también exigieron el cierre del proceso judicial en contra de los activistas Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolat, del FPDTA, quienes, al igual que en otros casos vigentes de presos políticos del gobierno mexicano como el de Kenia Hernández, son también objeto de persecución política, simplemente por el hecho de tener la dignidad de luchar en defensa de los derechos de sus comunidades.

La hipocresía del presidente

López Obrador, cuando era solo un aspirante a presidente, afirmó que no se permitiría en su gobierno más represión y agresiones a activistas, no obstante que a la fecha, continúa tolerando la impunidad total en el caso del artero asesinato de Samir, como ha sucedido también con decenas de activistas más, y aunque el mandatario pretenda olvidarse de sus promesas, hay comunidades que continúan resistiendo.

El actual presidente, al llegar al poder rompió su palabra, y afirmó que «para no tirar a la basura toda la inversión realizada», siempre sí se continuaría con el proyecto que antes calificaba de ecocida; curiosamente, este mismo argumento no fue empleado al momento de imponer un aeropuerto militar (AIFA), y tirar por la borda miles de millones de dólares que ya se habían invertido en el proyecto del fallido Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Cabe recordar que en el caso del NAIM, al ejecutivo no le importó demasiado que se fueran a la basura más  de 330 mil millones de pesos -según estimaciones de la Auditoría Superior-, y aunque en el caso del PIM se habían invertido apenas unos 25 mil mdp, es decir, menos de una décima parte que el NAIM, en este caso sí se decidió por mantener la continuidad del proyecto, a pesar de los atropellos a decenas de comunidades y  hábitats.

Pero más grave aún resulta, por el hecho que se trata de la imposición de un proyecto concesionado, a empresas trasnacionales, desde su origen; es decir, se trata de un macroproyecto mediante el cual -en parte- con dinero público se pagaron obras en beneficio de empresas trasnacionales, en un plan, que también es todo una estrategia para el desarrollo del gas shale (del fracking) estadounidense, y dirigido especialmente a beneficiar a grandes trasnacionales asentadas en la región, incluidas portentosas mineras canadienses.

Quizá, porque en este caso, solo eran pueblos y comunidades indígenas quienes se oponían, el presidente decidió avanzar con el atropello, evidenciando en todo caso una hipocresía, tanto en su discurso político en materia social, sino también cuestionando su presunta defensa de la soberanía energética.

Samir vive, pero el PIM también

La CFE, ha eludido en reiteradas ocasiones informar abiertamente de los avances de este proyecto, que también ha visto el rechazo de la comunidad académica y científica, ante el flagrante ecocidio que representa, y aunque actualmente no se sigue nombrando más de esta forma (PIM), las concesiones y planes continúan vigentes con gran sigilo, encubiertos también por el estado mexicano.

Cabe recordar que el PIM, es esencialmente un macroproyecto que permite enviar rápidamente a través de un sistema de gasoductos, desde Puebla, hasta Morelos, gas estadounidense generado a través de fracking, y el cual es trasladado también con rapidez hasta el estado de Veracruz de parte del vecino país del norte, y donde se involucra también una central termoeléctrica de ciclo combinado, un acueducto para garantizar la operación de la termoeléctrica, y una planta de aguas residuales en Cuautla, Morelos.

El proyecto, estaba dividido en fases, con diferentes operadores; uno de los componentes cruciales de este plan, es el sistema de gasoductos, el cual fue entregado en concesión a la firma Gasoducto de Morelos S.A.P.I. de C.V., la cual era inicialmente propiedad de la firma española Elecnor, y a donde más tarde se incorporó en partes iguales la trasnacional, también española, Enegás.

Tan solo el pasado mes de diciembre del 2022, sin que trascendiera de forma amplia en medios masivos, las empresas concesionarias Elecnor y Enegás, completaron la venta de las acciones de este gasoducto, al gestor financiero global Macquarie Infrastructure Partners, por un valor de 173.8 millones de dólares.

Esta transacción, estuvo asesorada por diversos despachos financieros como CuatroCasas, quien lo presumió como uno de sus logros recientes destacados; esto, a pesar de que el proyecto ha enfrentado «conflictos técnicos», que han impedido que pueda operar en su totalidad como se había planeado originalmente, no obstante que la vigencia de estos acuerdos financieros, denotan que continúa siendo un proyecto vigente, y donde se perciben importantes dividendos para las empresas concesionarias.

Y es que, sin importar si el gas circula o no, ya se tiene una cuota importante de varios millones de dólares, que vienen recibiendo periódicamente las empresas concesionarias del proyecto, con base en los «convenientes» términos en los que fue formulada la iniciativa, como vienen denunciando activistas opositores que resisten al proyecto desde hace 13 años.

Claro, para la venta de este gasoducto, no se hizo demasiado alarde, ni se hizo referencia a que se trataba de la infraestructura esencial del Proyecto Integral Morelos, buscando encubrir su naturaleza, no obstante que los documentos expuestos, refieren que se trata de la misma macroestructura de «171 km de largo y 30 pulgadas de diámetro con capacidad de 337 MMPCF», y que recorre desde Morelos hasta Puebla y Tlaxcala.

Este proyecto, que además resulta clave para abastecer de gas lutita (estadounidense) a la minera canadiense Alamos Gold, quien reportó ingresos récord el año pasado, sigue cambiando de manos y de nombre, buscando así diluir el escándalo de sus efectos; y aunque existen políticos que pretenden olvidarlo, también hay múltiples comunidades en resistencia que se niegan a hacerlo, y mantienen vigente la exigencia de justicia por los crímenes cometidos contra la población, así como también para que sea cancelado de forma definitiva este proyecto energético diseñado exclusivamente para beneficiar a grandes firmas trasnacionales, a costa de la devastación ambiental de las comunidades.

 

Foto de portada: @Tryno