El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de México presentó una iniciativa para que los eventos culturales, recreativos y otras actividades públicas gratuitas con menos de 500 asistentes puedan realizarse sin necesidad de obtener una autorización municipal, siempre que no representen riesgos sanitarios, ambientales o de protección civil.

La propuesta, impulsada por los diputados Joanna Alejandra Felipe Torres y Pablo Fernández de Cevallos González, establece que los organizadores únicamente deberán notificar al ayuntamiento con 48 horas de anticipación, sin que la realización de las actividades quede sujeta a su aprobación.

Municipios conservarían facultades de supervisión

El proyecto de reforma a la Ley de Eventos Públicos del Estado de México contempla que los gobiernos municipales reciban los avisos para coordinar medidas de seguridad y protección de los asistentes.

Asimismo, las autoridades podrán verificar, antes o durante los encuentros, que se cumplan los requisitos establecidos, entre ellos la ausencia de fines de lucro y de riesgos para la población.

La iniciativa también incorpora la figura de afirmativa ficta, mediante la cual se consideraría autorizado un evento cuando transcurra el plazo correspondiente sin que la autoridad emita una respuesta o prevención debidamente fundamentada.

Señalan obstáculos burocráticos para promover la cultura

Durante la sesión de la LXII Legislatura mexiquense, Felipe Torres sostuvo que la propuesta busca reducir las dificultades administrativas que enfrentan quienes organizan actividades culturales y recreativas.

Como parte de su argumentación, la bancada panista destacó que el presupuesto estatal destinado a cultura y arte en 2026 ascendió a 2 mil 71 millones de pesos, equivalente al 0.50 % del gasto total, una proporción inferior al 0.52 % registrado el año anterior.

Los legisladores consideraron que, además de incrementar los recursos para este sector, resulta necesario facilitar la organización de actividades artísticas y comunitarias.

La propuesta busca modificar los requisitos legales para encuentros de pequeña escala, manteniendo la supervisión municipal en materia de seguridad. Se trata de una iniciativa legislativa, por lo que las disposiciones planteadas todavía no están vigentes.