La diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez, de Morena, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de México para establecer la notificación inmediata de los embarazos detectados en niñas menores de 15 años, con el propósito de que las autoridades competentes investiguen los casos y activen mecanismos de protección.
La legisladora argumentó que estos embarazos pueden estar relacionados con delitos sexuales, al señalar que la edad mínima de consentimiento sexual en la entidad es de 16 años.
Atención médica y protección integral
La propuesta contempla reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México para fortalecer la coordinación entre autoridades estatales y municipales, instituciones de salud y centros educativos.
El objetivo es garantizar que las menores reciban atención médica, acompañamiento psicológico y asistencia social, además de otros servicios especializados para proteger su integridad física y emocional.
También se plantea asegurar, cuando corresponda, el acceso a información y servicios de interrupción legal del embarazo, conforme a la legislación vigente.
La intervención institucional se realizaría en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y, cuando resulte procedente, con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Notificación obligatoria y responsabilidades
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que cada caso detectado deberá canalizarse mediante un formato oficial, cuya elaboración correspondería a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
El documento tendría que emitirse en un plazo máximo de 90 días naturales después de la entrada en vigor de la reforma.
Asimismo, el incumplimiento de las obligaciones establecidas podría generar responsabilidades administrativas para las personas servidoras públicas.
Registro estatal de embarazos infantiles
La iniciativa también propone integrar un mecanismo de recopilación de estadísticas, mediante el cual las secretarías estatales de Salud y Educación, así como los sistemas municipales DIF, reportarían trimestralmente los casos identificados al Sipinna.
La información se organizaría por municipio y rango de edad, sin revelar datos personales que permitan identificar a las menores.
Con estos registros se elaboraría un informe anual con diagnósticos y recomendaciones de política pública, que sería remitido al Congreso mexiquense y difundido mediante los mecanismos oficiales de transparencia.
Santos Rodríguez precisó que las disposiciones se aplicarían con los recursos disponibles, sin crear nuevas dependencias ni plazas administrativas.
Por ahora, se trata de una propuesta legislativa, por lo que las obligaciones planteadas dependerán de su eventual aprobación y entrada en vigor.
