La diputada Maricela Beltrán Sánchez, en representación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (GPMC), presentó una iniciativa para expedir una nueva Ley de Participación Ciudadana para el Estado de México, con el propósito de regular la intervención de la población en decisiones públicas estatales y municipales.
Durante una sesión de la LXII Legislatura mexiquense, explicó que la propuesta busca articular distintos mecanismos de participación y armonizar otros ordenamientos con la nueva legislación.
Proponen un sistema estatal de participación
El proyecto contempla crear el Sistema Estatal de Participación Ciudadana, integrado, entre otros elementos, por una Plataforma Estatal y un Registro Estatal de Mecanismos de Participación.
La plataforma permitiría registrar, difundir y dar seguimiento a los procedimientos, mientras que cada expediente tendría un tablero para consultar su avance, desde la recepción hasta su resolución, ejecución y cierre.
La iniciativa también plantea una Red Municipal de Participación Ciudadana, integrada mediante las estructuras existentes de los ayuntamientos, sin crear una autoridad intermedia ni una estructura remunerada.
Nuevos mecanismos de participación
La propuesta contempla ordenar instrumentos como la iniciativa ciudadana, consulta popular, referéndum, audiencia pública, asamblea comunitaria, cabildo abierto y recorridos participativos.
También incorpora una solicitud de revisión ciudadana de políticas, programas o decisiones administrativas generales. Si reúne los apoyos establecidos, la autoridad tendría que abrir un expediente público, realizar una audiencia y emitir una resolución fundada y motivada.
Otro mecanismo sería el presupuesto participativo, mediante el cual la población podría proponer y priorizar proyectos de inversión pública o mejoramiento comunitario. Para respaldarlo, se plantea crear un Fondo Estatal de Coinversión Participativa con recursos complementarios para municipios que destinen recursos propios a estos proyectos.
Cambios en contratación pública
La iniciativa propone incorporar a la nueva ley la regulación general del Testigo Social y modificar la legislación de contratación pública.
Su participación sería obligatoria en determinados procedimientos que superen los umbrales establecidos o que sean considerados de alto riesgo o especial impacto por la Secretaría de la Contraloría.
Las recomendaciones del Testigo Social y las respuestas de las autoridades quedarían registradas en la plataforma estatal.
Participación incluyente y aplicación gradual
El proyecto plantea mantener mecanismos presenciales para quienes tengan dificultades de conectividad, además de utilizar un lenguaje ciudadano en convocatorias, resultados y documentos esenciales.
También propone un programa estatal de formación sobre participación ciudadana, acceso a la información, seguimiento presupuestario, contraloría social y gobierno abierto.
La implementación sería gradual y, preferentemente, mediante estructuras administrativas existentes. Entre los artículos transitorios se establece que el Congreso emitiría en un plazo de 120 días naturales la convocatoria para integrar las consejerías ciudadanas.
Asimismo, el Buzón Permanente de Participación Legislativa, presencial y digital, tendría que implementarse en un plazo de 180 días naturales.
Las modificaciones relacionadas con mecanismos político-electorales entrarían en vigor después de que el Instituto Electoral del Estado de México declare concluido el proceso electoral estatal ordinario de 2027.
