Especialistas plantean nuevos métodos para prevenir irregularidades

El uso de Inteligencia Artificial (IA) puede convertirse en una herramienta para identificar riesgos de corrupción y detectar posibles irregularidades dentro de las instituciones públicas, pero su aplicación requiere límites claros, supervisión humana y responsabilidades definidas.

Esta fue una de las principales conclusiones de la segunda sesión del ciclo de conferencias “Voces Anticorrupción”, organizada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SESAEMM), realizada en el Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y Municipios (IAPEM).

Durante el encuentro, los especialistas Jaime Rodríguez Alba y Ricardo Uvalle Berrones analizaron, desde distintos enfoques, los desafíos que enfrenta el combate a la corrupción, así como las consecuencias que este fenómeno puede tener sobre las instituciones, la economía y la confianza de la sociedad.

La IA puede detectar patrones, pero las decisiones corresponden a las personas

En la conferencia “IA, corrupción y ética”, Jaime Rodríguez Alba, investigador y académico vinculado con instituciones universitarias de México y España, explicó que las herramientas de Inteligencia Artificial tienen capacidad para procesar grandes volúmenes de información y encontrar patrones que podrían pasar inadvertidos mediante métodos convencionales.

Entre sus posibles aplicaciones se encuentra el análisis de contrataciones públicas para detectar concentraciones inusuales, posibles conflictos de interés, redes de intermediarios o prácticas como el fraccionamiento irregular de contratos.

El especialista citó experiencias desarrolladas en países como Colombia y España, donde este tipo de tecnologías se ha utilizado para examinar información relacionada con contrataciones y posibles vínculos entre funcionarios, empresas y particulares.

No obstante, advirtió que identificar una anomalía mediante un sistema tecnológico no equivale, por sí mismo, a demostrar la existencia de un acto de corrupción. La interpretación de los datos y las decisiones posteriores requieren intervención humana, además de criterios jurídicos, políticos y éticos.

Por ello, consideró necesario establecer desde el diseño de estas herramientas quién puede utilizarlas, bajo qué reglas, qué responsabilidades existen ante un uso indebido y cómo se protege la información personal.

También planteó una gobernanza responsable de los datos, basada en la privacidad, la seguridad informática, la prevención de abusos algorítmicos y mecanismos de rendición de cuentas. Bajo este esquema, la tecnología funcionaría como un instrumento de apoyo y no como sustituto del criterio humano.

Corrupción también genera costos políticos e institucionales

Por otra parte, Ricardo Uvalle Berrones, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores, centró su participación en las consecuencias políticas, económicas e institucionales de la corrupción.

El académico sostuvo que el problema no se limita a la pérdida o desviación de recursos públicos, pues también puede deteriorar la confianza de la población en las autoridades y afectar la legitimidad de las instituciones.

En el ámbito político, explicó, las prácticas corruptas pueden debilitar el cumplimiento de la ley, favorecer relaciones basadas en privilegios e intercambio de favores y propiciar condiciones de mayor opacidad en el ejercicio del poder.

En materia económica, sus efectos pueden reflejarse en sobornos, desfalcos, enriquecimiento indebido, apropiación de bienes públicos y distorsiones que favorecen intereses particulares por encima de criterios institucionales.

El impacto también alcanza el funcionamiento de las propias dependencias gubernamentales. De acuerdo con el especialista, el clientelismo y las relaciones de lealtad pueden desplazar criterios profesionales y afectar el sentido del servicio público.

Transparencia y simplificación administrativa, entre las medidas planteadas

Frente a estas problemáticas, Uvalle Berrones planteó reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, mejorar la regulación económica y reducir obstáculos burocráticos mediante procesos administrativos más sencillos.

También consideró necesario aprovechar las herramientas tecnológicas para facilitar los trámites y disminuir espacios que puedan propiciar prácticas irregulares, además de ampliar la participación de la sociedad en asuntos relacionados con la gestión gubernamental.

Los especialistas coincidieron en que enfrentar la corrupción requiere algo más que incorporar nuevas plataformas o sistemas tecnológicos. El desafío implica fortalecer las capacidades de las instituciones, establecer controles adecuados y mantener una responsabilidad clara sobre las decisiones que se toman.

SESAEMM busca ampliar el debate sobre prevención de la corrupción

En la sesión estuvieron presentes el secretario técnico de la SESAEMM, Víctor Romero Maldonado; la magistrada Nancy Flores Mendoza, representante del Poder Judicial ante el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, así como integrantes de Comités de Participación Ciudadana municipales e invitados.

Durante la apertura, Roberto Arturo Rodríguez Reyes, encargado de la Dirección General del IAPEM, señaló que la corrupción no puede atribuirse únicamente a una persona o a un liderazgo, por lo que consideró necesario generar acciones institucionales capaces de extenderse hacia la sociedad.

El ciclo “Voces Anticorrupción” busca incorporar distintas perspectivas al análisis de las políticas de prevención y combate a este fenómeno. En esta segunda sesión, el debate se concentró particularmente en dos aspectos: los alcances y límites de la Inteligencia Artificial y los efectos que la corrupción puede producir más allá del daño económico inmediato.