En lo que va de 2026, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) ha iniciado 1,404 expedientes de queja, lo que refleja las principales inconformidades de la población frente a posibles violaciones a sus derechos por parte de autoridades estatales y municipales.

Entre las instituciones con mayor número de señalamientos se encuentran los ayuntamientos (310 casos), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (349), el sector educativo (270), la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (211) y el sector salud (119), entre otras.

Servicios a la ciudadanía superan los 4,600 casos

Además de la atención a quejas, el organismo reportó la prestación de 4,655 servicios a la ciudadanía entre el 1 de enero y el 13 de abril. Las acciones más solicitadas fueron la orientación (2,831 casos) y la información (800), lo que evidencia la demanda de asesoría en materia de derechos humanos.

Asimismo, se realizaron 283 canalizaciones a otras instancias, con el objetivo de ofrecer atención integral a las personas que acuden a la CODHEM.

Medidas cautelares y soluciones alternas

Como parte de sus atribuciones, la comisión también implementó 291 medidas cautelares, orientadas a prevenir que continúen posibles vulneraciones mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

En casos considerados no graves, se gestionaron 267 intervenciones para atención inmediata, buscando resolver problemáticas de forma ágil. En este contexto, también se impulsaron mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la mediación (17 casos) y la conciliación (36) entre ciudadanía y autoridades.

Por otro lado, se registraron 169 remisiones de expedientes a otras instituciones para su resolución.

Principales derechos señalados

De acuerdo con la CODHEM, los derechos más señalados en las quejas corresponden a:

• La debida diligencia, relacionada con la eficiencia y cuidado en el actuar de servidores públicos
• El derecho a una educación libre de violencia
• El derecho a la fundamentación y motivación, que obliga a las autoridades a justificar legalmente sus decisiones

Estos datos permiten identificar áreas recurrentes de conflicto entre la ciudadanía y las autoridades, así como los ámbitos donde se concentran las principales preocupaciones en materia de derechos humanos en la entidad.