México requiere con urgencia una ley general y una estrategia nacional en materia de inteligencia artificial, así como un conjunto articulado de políticas públicas que permitan regular su uso y anticipar sus efectos sociales, económicos y éticos. Esta es una de las principales advertencias formuladas por Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, profesor-investigador y secretario general de El Colegio Mexiquense, al analizar el estado actual de la inteligencia artificial generativa (IAG) en el país.
Un vacío normativo con impactos sociales y éticos
De acuerdo con el investigador, la ausencia de un marco normativo nacional ha colocado a México en una posición de rezago frente a otras economías, incluso frente a países emergentes comparables. Esta falta de regulación abre la puerta a riesgos significativos, entre ellos el desplazamiento laboral, problemas de propiedad intelectual y dilemas éticos que pueden afectar de manera particular a niñas, niños y jóvenes.
Guajardo Mendoza subrayó que, sin reglas claras ni políticas públicas definidas, el avance de la IAG puede generar distorsiones difíciles de corregir en el mediano plazo, tanto en el ámbito productivo como en el social.
Aunque México no compite por el liderazgo mundial en inteligencia artificial —como lo hacen Estados Unidos, China o la Unión Europea—, el país sí podría focalizar el uso de la IAG en sectores clave para obtener beneficios tangibles. Entre ellos destacó la salud y la justicia, mediante el desarrollo del expediente clínico electrónico y la automatización de tareas en los poderes judiciales y las contralorías.
También señaló aplicaciones relevantes en la gestión del tránsito, la movilidad urbana y la detección de patrones delictivos, áreas en las que otras naciones intermedias, como Colombia y Uruguay, han adoptado enfoques pragmáticos con resultados concretos.
Falta de datos, talento y control de sesgos
Uno de los principales obstáculos identificados es la ausencia de un sistema nacional de almacenamiento y curaduría de datos públicos, insumo esencial para entrenar modelos de inteligencia artificial. A ello se suma la carencia de centros de excelencia para formar recursos humanos especializados y de mecanismos institucionales para corregir sesgos que pueden derivar en prácticas discriminatorias.
El investigador planteó que la creación de un repositorio nacional de datos públicos permitiría avanzar hacia una mayor soberanía tecnológica y un uso más responsable de la IAG en el sector público.
Guajardo Mendoza destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan alrededor del 95 % del total en el país, podrían beneficiarse de un uso estratégico de la IAG para automatizar tareas administrativas, liberar recursos y redirigirlos hacia inversión en capital físico e infraestructura.
En el ámbito municipal, mencionó aplicaciones en planeación urbana, diseño de zonas recreativas, ciudades inteligentes y mejora de la movilidad, así como en actividades creativas como el diseño gráfico y la producción artística.
Transformaciones laborales y dilemas a futuro
El investigador también abordó los ajustes en los mercados laborales, donde los sectores más intensivos en tecnología desplazan empleos hacia actividades menos tecnificadas. Advirtió que, de mantenerse esta tendencia, podrían surgir dilemas económicos y éticos complejos si el desempleo crece a niveles difíciles de manejar.
En este contexto, expresó escepticismo sobre la capacidad de las sociedades para reconfigurar éticamente el concepto de trabajo, redistribuir la riqueza generada por la IA y contener el consumo, especialmente en un escenario donde las herramientas tecnológicas reduzcan de manera significativa la participación humana en los procesos productivos.
Finalmente, Guajardo Mendoza señaló el distanciamiento entre la sociedad y la ciencia y llamó a desarrollar nuevas formas de comunicación que acerquen el conocimiento científico al público en general, con énfasis en niñas, niños y jóvenes. Este tema, adelantó, forma parte de un libro que actualmente se encuentra en preparación.
