El empleo de herramientas de inteligencia artificial generativa (IAG) por parte de servidores públicos federales está creciendo de manera informal y sin supervisión institucional, lo que plantea riesgos éticos, laborales y de responsabilidad, advirtió César Rentería Marín, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), durante una conferencia en El Colegio Mexiquense.

El especialista presentó avances de una investigación en curso sobre cómo funcionarios de los tres poderes del gobierno federal están incorporando la IAG, especialmente ChatGPT, en su trabajo diario. Según los primeros resultados, 91% de los entrevistados utiliza la herramienta con fines laborales, aunque sin autorización oficial ni lineamientos institucionales, en lo que Rentería denomina “uso sombra”: la adopción de una tecnología sin conocimiento o supervisión de las autoridades correspondientes.

Un fenómeno extendido y sin control

El académico señaló que el uso no regulado de la inteligencia artificial en el sector público no es exclusivo de México. Citó estudios internacionales que muestran que entre 53% y 90% de las empresas estadounidenses y casi la mitad de los empleados públicos de ese país utilizan IAG en sus tareas cotidianas. Sin embargo, subrayó que la falta de reglas claras sobre su aplicación genera incertidumbre sobre la identidad, responsabilidad y papel del usuario dentro de los procesos administrativos.

Rentería explicó que la investigación del CIDE es de carácter cualitativo y se basa en entrevistas con servidores públicos de distintas jerarquías —desde analistas hasta directores—, con edades de 25 a 60 años y perfiles profesionales variados. Las herramientas más empleadas son las de generación de texto e imágenes, seguidas por aquellas para análisis de datos y síntesis de información.

Riesgos y dilemas del uso informal

El investigador advirtió que la expansión del uso sombra de la IA trae consigo riesgos importantes:

• Dependencia tecnológica que puede debilitar la autonomía y el criterio del servidor público.
• Pérdida de rendición de cuentas, al transferir parte del proceso decisorio a una herramienta digital.
• Reproducción de sesgos y errores, derivados de la tendencia de los modelos a generar información falsa o incompleta.

También mencionó efectos psicológicos y sociales, como la estigmatización de quienes utilizan IA y el temor a que su trabajo sea visto como menos valioso. En algunos casos, los propios usuarios reconocen que la herramienta puede producir “alucinaciones” —respuestas erróneas pero verosímiles— o malinterpretaciones de instrucciones.

Hacia una agenda normativa

Ante este panorama, Rentería Marín insistió en la urgencia de establecer una agenda regulatoria que formalice el uso de la inteligencia artificial generativa en el sector público. Dicha agenda debería vincular los riesgos detectados con prácticas de uso específicas, identificar los procesos de aprendizaje y percepción de los empleados, y definir políticas organizacionales claras que delimiten responsabilidades y garanticen la transparencia.

Durante la sesión, moderada por Samanta Varela Castro, profesora-investigadora de El Colegio Mexiquense, y con la participación de Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, secretario general de la institución, se destacó la importancia de promover un debate informado sobre los límites éticos y operativos del uso de la inteligencia artificial en la administración pública.

Rentería concluyó que la IA ya forma parte de la rutina laboral de muchos funcionarios, pero que la falta de regulación y capacitación puede agravar desigualdades y generar nuevos problemas en la gestión pública. “Estamos en un momento en que no está claro quién gana realmente con el uso de la herramienta”, advirtió.