El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, compareció este jueves ante la LXII Legislatura mexiquense, donde presentó un balance de la estrategia contra la delincuencia, con reducciones reportadas en homicidios, robo de vehículos y extorsión, además de inversiones en equipamiento policial y operaciones contra organizaciones criminales.
Durante la sesión, correspondiente a la Glosa del Tercer Informe de Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, el funcionario también reconoció problemas que siguen representando importantes desafíos, particularmente la confianza ciudadana en las corporaciones, el fortalecimiento de la presencia policial y la sobrepoblación penitenciaria.
Los diputados, por su parte, centraron varios de sus cuestionamientos en la percepción de inseguridad, la elevada cantidad de delitos que no se denuncian, las desapariciones de personas y la persistencia de actividades delictivas que afectan a comerciantes y transportistas.
Reportan disminución de homicidios, robos y extorsiones
Castañeda Camarillo informó que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las defunciones por homicidio disminuyeron 21.8 por ciento entre 2024 y 2025, mientras que la tasa de incidencia delictiva registró una reducción de 15.5 por ciento durante el mismo periodo.
Señaló que 2025 fue el año con la menor cantidad de homicidios registrada en la entidad durante los últimos 15 años.
En otros indicadores, destacó una disminución del 30.74 por ciento en la tasa de robo total de vehículos entre 2023 y 2025, así como una reducción del 13.56 por ciento en el robo en calle o transporte.
Respecto a la extorsión, aseguró que los casos reportados descendieron 64 por ciento en el marco de la Estrategia Nacional Antiextorsión, aunque durante su exposición no precisó el periodo de referencia de esta última comparación.
El secretario atribuyó los resultados al intercambio de información, las operaciones de inteligencia y la coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales.
Sin embargo, reconoció que las reducciones estadísticas no significan que los problemas de seguridad estén resueltos.
«No venimos a declarar la victoria», expresó ante los legisladores, al señalar que la persistencia de víctimas de delitos y comunidades que no se sienten seguras obliga a mantener las intervenciones.
Inversión de 491 millones y un helicóptero Black Hawk para reforzar la seguridad
En materia de equipamiento, el secretario informó que se han ejercido más de 491 millones de pesos para fortalecer las capacidades operativas de la Policía Estatal, incluidos nueve vehículos blindados y un helicóptero Black Hawk.
La aeronave fue presentada como una herramienta para reducir los tiempos de respuesta en regiones alejadas, particularmente en el sur mexiquense.
Para explicar su importancia, recordó el asesinato del comandante Miguel Raymundo Martínez Monroy, ocurrido el pasado 1 de junio en Tejupilco, donde el mando policial perdió la vida después de negarse, según el funcionario, a ceder ante las presiones de un grupo delictivo.
Castañeda reconoció que las fuerzas de reacción tardaron aproximadamente dos horas y 35 minutos en llegar a la zona.
Con el helicóptero, estimó que un despliegue de características similares podría realizarse en menos de 25 minutos.
También informó que la corporación incorporó más de mil elementos, incluidos 293 cuya preparación contó con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En materia de profesionalización, destacó el egreso de la primera generación de la Licenciatura en Inteligencia Policial de la Universidad Mexiquense de Seguridad, integrada por 102 elementos.
Operaciones contra extorsión, corrupción y redes delictivas
Entre las intervenciones destacadas durante la comparecencia se encuentran varias estrategias dirigidas a combatir estructuras criminales y sus actividades económicas.
La Operación Enjambre, enfocada en investigar la posible participación de servidores públicos en actividades delictivas, acumula más de 60 personas detenidas, de acuerdo con el balance presentado.
Castañeda señaló que este modelo de intervención, iniciado en el Estado de México, ha sido retomado por autoridades federales y de otras entidades.
También abordó la Operación Liberación, dirigida contra redes de extorsión que afectaban actividades comerciales y productivas en el sur mexiquense. Como parte de estas investigaciones, reportó el aseguramiento de más de 23 inmuebles, además de mercancías, materiales de construcción y ganado.
Otra de las estrategias mencionadas fue la Operación Dos de Bastos, mediante la cual fueron aseguradas más de 3 mil 300 máquinas tragamonedas.
En el combate a la extorsión telefónica destacó la Operación Desconexión, que, según las cifras presentadas, ha permitido detener a más de 84 personas, asegurar 109 inmuebles y cerrar 56 centros de llamadas relacionados con las investigaciones.
El secretario sostuvo que estas acciones forman parte de un esquema de coordinación interinstitucional que ha incluido más de 6 mil 424 reuniones de las Mesas de Paz.
Videovigilancia, inteligencia y prevención de extorsiones
En el ámbito tecnológico, Castañeda informó que el Estado de México cuenta con una infraestructura de más de 20 mil cámaras de videovigilancia, a la que se busca incorporar equipos del sector privado para ampliar la cobertura de monitoreo.
También reportó la operación de 111 arcos carreteros, cuyo funcionamiento ha contribuido, según su exposición, a recuperar 168 vehículos y asegurar más de 34 armas.
En materia de seguridad digital, destacó las intervenciones de la Policía Cibernética, mediante las cuales se habrían evitado pagos por extorsión estimados en 289 millones de pesos.
Asimismo, explicó que el C5 ha incorporado nuevas herramientas tecnológicas para mejorar las comunicaciones, el análisis de información y la atención de emergencias.
Entre las innovaciones mencionó un sistema de traducción de llamadas que permitió atender solicitudes de auxilio en distintos idiomas durante las actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol.
El funcionario señaló que el desarrollo tecnológico de las comunicaciones de seguridad recibió un reconocimiento internacional en Londres.
Separan a 125 policías por mala actuación y refuerzan evaluaciones
La revisión del desempeño policial también formó parte del informe.
Castañeda reportó que 125 elementos fueron separados por mala actuación, mientras que otros 168 recibieron sanciones. Estas cifras no necesariamente corresponden a grupos distintos de personas.
Agregó que se realizaron más de 20 mil 533 evaluaciones de control de confianza, con una tasa de aprobación del 60 por ciento para aspirantes de nuevo ingreso y del 98 por ciento entre elementos evaluados para permanecer en las instituciones.
En paralelo, la Secretaría otorgó 136 reconocimientos, efectuó 444 promociones y entregó más de 2 mil 650 becas para hijos de policías.
El funcionario sostuvo que la depuración de las corporaciones debe acompañarse de procedimientos que permitan investigar las denuncias, escuchar a los elementos involucrados y determinar responsabilidades conforme a la normativa aplicable.
Sistema penitenciario opera con 158 por ciento de sobrepoblación
Uno de los datos más relevantes expuestos durante la comparecencia fue la situación de los centros penitenciarios.
Castañeda reconoció que el sistema estatal alberga más de 39 mil personas privadas de la libertad y registra una sobrepoblación del 158 por ciento, una de las principales dificultades para su administración.
Actualmente existen 21 centros penitenciarios y un centro de internamiento para adolescentes.
El secretario informó que se realizaron 302 supervisiones para revisar aspectos operativos y administrativos, además de intervenciones de seguridad en coordinación con la Defensa y la Guardia Nacional.
También reportó el traslado de 22 internos identificados como generadores de violencia a centros penitenciarios federales, así como 439 reubicaciones dentro del sistema estatal.
Pese a las condiciones de saturación, destacó que el Estado de México se ubicó entre las nueve entidades que obtuvieron una calificación aprobatoria en la evaluación penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La sobrepoblación, no obstante, continúa siendo un problema estructural para el funcionamiento de estos establecimientos.
Prevención de violencia contra mujeres y recuperación de espacios
En materia de prevención, el secretario informó que se desarrollaron más de 166 Operativos Violeta, mediante los cuales se brindó atención a más de 27 mil 370 mujeres.
También reportó la capacitación de más de 40 mil elementos y la rehabilitación de aproximadamente 12 kilómetros de vialidades mediante el programa Senderos Seguros.
En el ámbito comunitario, mencionó nueve Ferias de Prevención Social, además de actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes para fortalecer la cultura de la legalidad.
La campaña de Canje de Armas permitió recolectar más de mil 36 armas de fuego, mientras que las actividades de capacitación preventiva alcanzaron a más de 2 mil 900 jóvenes, según los datos presentados.
Diputados cuestionan cifra negra, desapariciones y presencia del crimen organizado
Durante las intervenciones legislativas, representantes de distintas bancadas reconocieron las reducciones delictivas reportadas, pero también pidieron evaluar su impacto en la seguridad cotidiana.
El diputado del PRD, Omar Ortega Álvarez, cuestionó la diferencia entre los indicadores oficiales y el temor que continúa experimentando la población.
Por su parte, Mariano Camacho San Martín, del PRI, señaló que la percepción de inseguridad sigue siendo elevada y recordó que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) estimó una cifra negra de 94.3 por ciento para los delitos ocurridos en 2024.
El legislador advirtió que la reducción de las denuncias registradas no necesariamente representa, por sí misma, una disminución equivalente de los delitos efectivamente cometidos.
Desde el PAN, la diputada Joana Alejandra Felipe Torres planteó cuestionamientos relacionados con las desapariciones de mujeres y menores de edad, además de la persistencia de robos al transporte de carga, muchos de ellos cometidos con violencia.
La legisladora solicitó resultados concretos de las acciones para prevenir estos delitos y mejorar la respuesta institucional.
En tanto, Marisela Beltrán Sánchez, de Movimiento Ciudadano, cuestionó la presencia de organizaciones criminales en actividades económicas del sur mexiquense, particularmente aquellas relacionadas con el control de proveedores, mercancías y precios.
También solicitó conocer el crecimiento efectivo de la Policía Estatal, considerando las nuevas contrataciones frente a las bajas y jubilaciones de personal.
Otros planteamientos se concentraron en la regulación de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM) y en las condiciones de los centros penitenciarios.
La diputada morenista Graciela Argueta Bello pidió información sobre los servicios, ingresos, salarios y condiciones laborales de los integrantes de CUSAEM, mientras que el petista Isaac Josué Hernández Méndez solicitó identificar los penales con mayores niveles de saturación y las medidas previstas para atenderlos.
Percepción de inseguridad y confianza ciudadana, asuntos pendientes
Castañeda también abordó la percepción ciudadana de inseguridad, una de las principales preocupaciones expuestas durante el ejercicio legislativo.
Como ejemplo de los cambios reportados, mencionó que Ecatepec, anteriormente ubicado entre los municipios con los mayores niveles de percepción de inseguridad, registró una disminución de 12 por ciento en este indicador, conforme a la encuesta urbana del INEGI que citó.
Sin embargo, reconoció que esta mejora resulta insuficiente y que la confianza en las corporaciones continúa siendo un desafío.
En ese sentido, sostuvo que el objetivo de la administración es fortalecer los canales de denuncia y aumentar la presencia institucional para que las víctimas tengan mayores posibilidades de recibir atención.
La comparecencia dejó dos elementos centrales para evaluar el desempeño de la política estatal de seguridad: las reducciones delictivas y resultados operativos presentados por el Ejecutivo, y los problemas que permanecen abiertos, especialmente la elevada cifra negra, las desapariciones, la infiltración criminal en actividades económicas, la necesidad de más policías y la saturación penitenciaria.
El secretario aseguró que la administración continuará fortaleciendo la coordinación con las instituciones federales, las fiscalías y los gobiernos municipales, mientras que los cuestionamientos legislativos colocaron nuevamente sobre la mesa la necesidad de que los indicadores favorables se traduzcan en mayor seguridad y confianza para los habitantes del Estado de México.
