La disputa judicial por la protección del maíz nativo mexicano podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que un tribunal federal acordara por unanimidad solicitar que el máximo órgano judicial del país asuma el conocimiento de un litigio iniciado hace más de 13 años contra empresas de la industria biotecnológica.
La determinación fue adoptada el pasado jueves por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Primer Circuito, que tenía previsto resolver los recursos presentados contra una sentencia de primera instancia favorable a compañías como Monsanto, Syngenta y Corteva.
En lugar de pronunciarse sobre el fondo de la controversia, los magistrados consideraron pertinente solicitar que la Suprema Corte ejerza su facultad de atracción, debido a la trascendencia nacional del asunto y sus implicaciones para la biodiversidad, la protección ambiental y el cultivo de maíz genéticamente modificado.
Tribunal solicita la intervención de la Suprema Corte
La decisión corresponde a los recursos de apelación 54/2024 y 55/2024, derivados de la acción colectiva promovida desde 2013 para proteger las variedades originarias de maíz frente a posibles riesgos asociados con la liberación de semillas transgénicas.
La propuesta fue presentada por la magistrada María Luisa Cervantes Ayala y respaldada por sus compañeros Jocelyn Montserrat Mendizábal Ferreyro y Josué Moctezuma Valdez, presidente del órgano jurisdiccional.
Entre los elementos considerados para solicitar la intervención de la Corte figuran las cuestiones jurídicas relacionadas con la protección de cultivos libres de determinadas modificaciones genéticas, así como planteamientos vinculados con el uso del glifosato.
La solicitud se fundamentó en el artículo 105, fracción III, de la Constitución y en el artículo 16, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Ahora corresponderá a la Suprema Corte determinar si acepta conocer los recursos. En caso afirmativo, asumirá su resolución; de lo contrario, el expediente deberá continuar su trámite ante el tribunal de apelación.
Hasta ahora, no existe confirmación de que la SCJN haya aceptado formalmente la atracción, por lo que tampoco se ha establecido una fecha para una sentencia definitiva.
#ÚltimaHora ⚠️🌽 La @SCJN decidirá si resuelve el juicio sobre maíces genéticamente modificados.
• Tribunal de Apelación solicitó la Corte atraer el juicio.
• Surge un paradigma sobre los derechos colectivos de las generaciones presentes y futuras de México. pic.twitter.com/W9RwnmHfCy— Demanda Colectiva Maíz (@MxvsOGM) October 14, 2026
Más de una década de controversia judicial
El procedimiento comenzó en julio de 2013, cuando 53 personas y 22 organizaciones promovieron la denominada Demanda Colectiva Maíz, dirigida contra compañías productoras de semillas genéticamente modificadas y autoridades federales responsables de autorizar su siembra.
En septiembre de aquel año se concedió una medida cautelar que suspendió la expedición de permisos para el cultivo comercial de maíz transgénico en territorio nacional.
La restricción fue objeto de diversas impugnaciones, hasta que en octubre de 2021 la Suprema Corte respaldó su legalidad.
Sin embargo, el juicio principal continuó y, en septiembre de 2023, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México declaró infundada la acción colectiva, al considerar que no se habían acreditado los elementos jurídicos necesarios para sostener las reclamaciones.
Los promoventes apelaron esa sentencia, argumentando que durante el procedimiento no se valoraron adecuadamente diversas pruebas científicas y documentos oficiales relacionados con la presencia de material genéticamente modificado en muestras de maíz mexicano.
Organizaciones habían denunciado irregularidades
Antes de la sesión judicial, los representantes de la colectividad advirtieron sobre presuntas anomalías procesales y expresaron su preocupación ante la posibilidad de que las apelaciones fueran resueltas sin un análisis integral de sus argumentos.
Entre sus señalamientos se encontraban supuestas irregularidades en notificaciones, dificultades para presentar escritos electrónicos y un tratamiento desigual de las pruebas aportadas por las partes.
La decisión del tribunal de solicitar la intervención de la Suprema Corte no constituye un pronunciamiento sobre la veracidad de esas acusaciones ni sobre las responsabilidades de las empresas demandadas.
No obstante, abre la posibilidad de que el máximo órgano judicial del país examine directamente las cuestiones planteadas en los recursos.
Denuncian irregularidades en juicio histórico por el maíz nativo; mañana habría resolución
Reforma constitucional añade un nuevo elemento al litigio
La controversia también se desarrolla bajo un marco jurídico distinto al que existía cuando comenzó el juicio.
En marzo de 2025 entró en vigor una reforma al artículo 4 constitucional que reconoce a México como centro de origen y diversidad del maíz, además de establecer disposiciones para proteger su cultivo frente a modificaciones genéticas que superen las barreras naturales de reproducción o recombinación, incluidas las transgénicas.
Este cambio constituye un elemento relevante para el análisis de los derechos ambientales y la protección del patrimonio biocultural, aunque corresponderá a los órganos judiciales determinar sus efectos específicos sobre el litigio.
Por su parte, la colectividad ha insistido en la necesidad de que cualquier resolución considere las características de México como centro de diversidad genética del maíz y las posibles consecuencias de la liberación de variedades modificadas.
Continúa vigente la protección contra la siembra comercial
Mientras se determina qué instancia resolverá las apelaciones, permanece vigente la medida cautelar que impide otorgar permisos para la siembra comercial de maíz transgénico en México.
La solicitud de atracción no modifica por sí misma esa restricción ni representa una resolución definitiva a favor de alguna de las partes.
El siguiente paso será conocer la determinación de la Suprema Corte sobre la petición formulada por el tribunal federal.
De aceptar el asunto, la actual integración del máximo tribunal podría intervenir directamente en una controversia con implicaciones para la regulación de la biotecnología agrícola, la conservación de las variedades nativas y la protección constitucional del maíz mexicano.
