Dos funcionarios del Gobierno del Estado de México fueron detenidos por su probable participación en una red de extorsión que habría operado contra propietarios de verificentros y estaciones de servicio de combustible. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el esquema habría generado decenas de millones de pesos mensuales mediante el cobro de cuotas ilegales.

Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas este lunes mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía mexiquense, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Guardia Nacional y las fiscalías de Guerrero y de la Ciudad de México.

Los funcionarios detenidos

Uno de los señalados es Raúl “N”, quien se desempeñaba como director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. Fue localizado y detenido en Acapulco, Guerrero.

El segundo es Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la misma dependencia, cuya captura se realizó en la Ciudad de México.

La Fiscalía estatal los señala como probables integrantes de una estructura en la que también participarían otros servidores públicos, exfuncionarios y particulares.

Cuotas ilegales y amenazas contra propietarios

Según los actos de investigación realizados a partir de denuncias de distintas víctimas, el grupo presuntamente exigía pagos ilegales a propietarios de verificentros a cambio de permitir que continuaran operando.

La Fiscalía sostiene que, en determinados casos, los involucrados habrían utilizado sus atribuciones para realizar acciones encaminadas a despojar a los concesionarios legítimos de sus autorizaciones e incluso de la infraestructura que habían adquirido para desarrollar sus actividades.

Las víctimas, además, habrían recibido advertencias de posibles consecuencias en caso de acudir ante las autoridades o denunciar los hechos.

El esquema habría generado millones de pesos al mes

La investigación de la FGJEM apunta a que las cuotas exigidas para evitar el cierre de líneas de verificación representaban varias decenas de millones de pesos mensuales.

A esa cantidad se sumarían cobros adicionales solicitados bajo el concepto de revalidación de autorizaciones, lo que habría incrementado de manera considerable los ingresos ilícitos obtenidos por la estructura.

De acuerdo con la información recabada por la Fiscalía, los pagos eran exigidos en efectivo y debían entregarse en un domicilio que ya se encuentra identificado por los investigadores.

Fiscalía busca contactar a más posibles víctimas

La autoridad mexiquense informó que continuará con las indagatorias y buscará establecer contacto con otras personas que pudieran haber sido afectadas por este mecanismo.

La FGJEM señaló que algunas posibles víctimas no han presentado denuncia por temor a represalias, por lo que su eventual participación en las investigaciones podría aportar nuevos elementos y modificar el cálculo sobre los recursos obtenidos mediante el presunto esquema de extorsión.

Las autoridades también trabajan en la identificación y localización de los demás integrantes de la estructura, con el objetivo de obtener las órdenes de aprehensión correspondientes y llevar ante la justicia a todos los probables responsables.