La Fiscalía General de la República (FGR) emitió este lunes un comunicado (FGR 482/26), en el que expone los elementos que sustentaron la vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva oficiosa al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, así como a otras personas, por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos.

La investigación comenzó con el hallazgo de ferrotanques

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación inició tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Las autoridades señalaron que las condiciones en que se encontraban representaban un riesgo para la población y la seguridad industrial debido a las altas temperaturas y al desconocimiento sobre la sustancia que contenían.

Como parte de las diligencias se realizaron inspecciones de campo, toma de muestras, dictámenes periciales y medidas de seguridad para determinar el contenido de los tanques y preservar los indicios.

La pesquisa se amplió a otros estados

La FGR indicó que la investigación se extendió al análisis de la cadena logística del producto, lo que permitió identificar unidades similares en San Luis Potosí y Nuevo Laredo.

Según la dependencia, esos ferrotanques presentaban el mismo esquema de importación irregular, ya que únicamente se declaraba el 10 por ciento del volumen que realmente transportaban. Con ello fue posible reconstruir la ruta ferroviaria utilizada para el traslado del combustible.

La Fiscalía señaló que el análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa permitió identificar a la empresa importadora principal, constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México.

La participación atribuida a Ernesto Ruffo

De acuerdo con la investigación, la empresa fue constituida inicialmente por José Merino Valdés Cuervo y dos personas morales.

La FGR informó que, dos meses después, en una asamblea celebrada en octubre de 2018, Ernesto Ruffo Appel se incorporó al capital variable de la sociedad. Para 2021, añadió, ya figuraba como accionista y fue designado secretario del Consejo de Administración, participando junto con José Merino Valdés Cuervo en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la empresa.

Asimismo, la Fiscalía señaló que ambos comparecieron conjuntamente en diversos actos corporativos, modificaciones societarias y otorgamiento de poderes relacionados con actividades de administración, comercio exterior, gestiones ante autoridades fiscales y aduaneras, así como en la operación general de la sociedad.

También indicó que la empresa amplió su objeto social para incluir actividades de almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos, además de la operación de terminales ferroviarias y servicios auxiliares vinculados al sector energético.

Los datos de prueba presentados

La FGR informó que hasta el momento ha integrado 96 datos de prueba en la investigación.

Entre ellos se encuentran dictámenes periciales en química, ingeniería mecánica y eléctrica, fotografía, criminalística e identificación, con el propósito de determinar la naturaleza de los hidrocarburos asegurados, la capacidad real de los ferrotanques, los volúmenes transportados y el tipo de combustible, ya fuera gasolina o diésel.

El presunto daño fiscal

La dependencia precisó que, hasta ahora, se ha imputado un perjuicio fiscal superior a 100 millones de pesos, derivado del presunto contrabando realizado mediante 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025.

Además, señaló que el cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) permitió identificar más de cuatro mil operaciones presuntamente irregulares durante el primer semestre de ese año.

Según la Fiscalía, el daño patrimonial a la nación podría superar los cuatro mil millones de pesos, cifra que, indicó, deberá acreditarse durante la etapa de investigación complementaria.

Prisión preventiva y situación jurídica

En el comunicado, la FGR recordó que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La institución afirmó que Ernesto Ruffo Appel no es investigado por sus ideas o vínculos políticos, sino por su presunta participación en las conductas delictivas señaladas. Asimismo, sostuvo que las investigaciones se desarrollan conforme a derecho y que se han respetado el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas.

Actualmente, Ernesto Ruffo Appel y varios de los coimputados permanecen sujetos a prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 «Altiplano», ubicado en el Estado de México, mientras continúa la investigación complementaria.

 

Imagen ilustrativa generada con IA