Este miércoles, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ofreció una conferencia de prensa en la que presentó el primer informe técnico de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la investigación del rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

El caso, que ha conmocionado al país por el hallazgo de restos humanos, prendas de vestir y posibles vínculos con el crimen organizado, tomó un giro significativo al señalar directamente a la Fiscalía de Jalisco por una serie de omisiones que, según Gertz, han obstaculizado el esclarecimiento de los hechos.

El rancho Izaguirre saltó a la atención pública tras una intervención inicial en septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional, respondiendo a una denuncia anónima, aseguró el lugar tras un enfrentamiento armado. En ese operativo se detuvo a 10 personas, se rescató a dos víctimas secuestradas y se encontró un cuerpo sin vida.

Sin embargo, Gertz Manero destacó que, a pesar de la gravedad de los hallazgos, la Fiscalía de Jalisco no llevó a cabo una investigación exhaustiva, dejando el predio en un estado de abandono durante seis meses. “No se realizó un rastreo de indicios, no se procesaron los vehículos encontrados, no se investigó la propiedad del terreno ni se tomaron declaraciones a autoridades locales o testigos”, afirmó el fiscal, enumerando hasta 14 irregularidades detectadas por la FGR.

Entre las omisiones más graves, Gertz señaló la falta de seguimiento a las declaraciones de una víctima que afirmó que las prendas halladas en el rancho pertenecían a personas reclutadas y adiestradas por un cártel, quienes abandonaban su ropa para uniformarse según las tácticas del grupo delictivo. Asimismo, criticó que no se notificara de inmediato a la FGR sobre delitos de carácter federal, como la posesión de armas de fuego de alto calibre y la delincuencia organizada, lo que permitió que tres vehículos asegurados fueran robados del sitio. “El inmueble quedó sin protección, a pesar de haber sido asegurado por el Ministerio Público local”, subrayó.

El fiscal también apuntó a una posible colusión entre autoridades locales y grupos criminales, citando el caso de elementos de la policía de Tala, cercana a Teuchitlán, cuyo jefe ya fue detenido por presunto encubrimiento. “Hay tal cantidad de pruebas e información que la verdad va a salir, no tengo ninguna duda”, afirmó Gertz, enfatizando que la FGR investigará no solo los delitos federales cometidos en el rancho, sino también las responsabilidades de funcionarios a cualquier nivel. Para ello, solicitó con carácter de urgencia que la Fiscalía de Jalisco entregue todos los expedientes y peritajes relacionados con el caso.

Aunque confirmó la presencia de restos óseos en el lugar, Gertz evitó especular sobre si el rancho funcionaba como un campo de exterminio o un centro de adiestramiento, argumentando que aún faltan dictámenes periciales definitivos. “No hay elementos suficientes para afirmarlo, pero lo vamos a investigar con seriedad”, dijo, rechazando crear una “verdad histórica” como en casos pasados. En un gesto de transparencia, anunció que el jueves 20 de marzo el rancho será abierto a los medios de comunicación para mostrar el estado actual del lugar.

El caso del rancho Izaguirre ha puesto bajo escrutinio la actuación de las autoridades estatales y la coordinación con las federales en un estado como Jalisco, donde la violencia ligada al crimen organizado ha dejado miles de desaparecidos. Gertz Manero prometió una investigación inmediata y exhaustiva, invitando incluso a la colaboración de organismos internacionales y colectivos de búsqueda para garantizar que no haya impunidad. “Esto es un asunto muy importante para la vida pública del país y lo vamos a manejar con la mayor seriedad”, concluyó.