La LXII Legislatura del Estado de México aprobó con mayoría de votos, la minuta enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca reforzar la soberanía nacional y endurecer las medidas contra el tráfico ilegal de armas, así como contra cualquier forma de intervención extranjera que vulnere la integridad del país.

El documento, presentado en el pleno por la diputada María José Pérez Domínguez, del partido Morena, establece un posicionamiento contundente: México no tolerará bajo ninguna circunstancia actos que atenten contra su independencia, como golpes de Estado, injerencias en procesos electorales o violaciones al territorio nacional por tierra, mar, aire o espacio aéreo. Esta reforma se enmarca en un contexto internacional complejo, donde la protección de la soberanía se ha convertido en un tema prioritario para el gobierno federal.

Medidas Severas y Prisión Preventiva Oficiosa

Uno de los puntos centrales de la reforma es el endurecimiento de las penas para quienes violen la soberanía o participen en actividades ilícitas relacionadas con armas. Según el texto aprobado, se impondrá “la pena más severa posible” y la prisión preventiva oficiosa a extranjeros que actúen al margen de la ley, así como a nacionales o extranjeros involucrados en la fabricación, distribución, traslado o introducción ilegal de armamento al país. Además, se prohíbe cualquier intervención extranjera en investigaciones o persecuciones sin el consentimiento expreso del Estado mexicano, bajo el marco de las leyes vigentes.

La reforma también clasifica el terrorismo como un delito que amerita prisión preventiva automática, una medida que busca disuadir actos que pongan en riesgo la estabilidad nacional. En los artículos transitorios se estipula que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas locales deberán ajustar sus normativas en un plazo máximo de 180 días tras la entrada en vigor del decreto.

Respaldo y Debate

El diputado Octavio Martínez Vargas, de Morena, defendió la reforma y destacó el respaldo de su grupo parlamentario a las políticas de la presidenta Sheinbaum. “Cualquier mexicano defendería a la patria”, afirmó, subrayando que estas modificaciones fortalecen la Constitución en términos de soberanía y división de poderes. Para Martínez Vargas, la iniciativa refleja una respuesta necesaria ante los desafíos que enfrenta el país en el ámbito interno y externo.

Sin embargo, no todos los legisladores compartieron esta visión. Eduardo Zarzosa Sánchez, del PRI, expresó su rechazo a la minuta, calificándola de innecesaria y contradictoria. Argumentó que la Constitución ya protege la soberanía nacional y prohíbe la intervención extranjera, por lo que estas reformas serían redundantes. Además, señaló que la verdadera amenaza a la soberanía proviene del interior del país, donde, según él, se ha debilitado en los hechos.

Por su parte, Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, advirtió sobre los riesgos de instrumentalizar la soberanía como pretexto para vulnerar derechos humanos. Criticó la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, una medida que, afirmó, no ha demostrado efectividad para reducir la violencia o la inseguridad. “Ha llenado las cárceles de personas inocentes sin sentencia, mientras los problemas de fondo persisten”, sentenció la legisladora, abogando por un enfoque que priorice la justicia sobre el populismo punitivo.

Implicaciones y Perspectivas

La aprobación de esta reforma en el Estado de México, en su calidad de Constituyente Permanente, representa un paso más en la consolidación de una agenda nacionalista impulsada por el actual gobierno federal. Sin embargo, el contraste de opiniones en la legislatura mexiquense refleja un debate más amplio sobre cómo equilibrar la defensa de la soberanía con el respeto a las garantías individuales.

Mientras Morena celebra el fortalecimiento de la Carta Magna, las voces críticas alertan sobre las posibles consecuencias de un enfoque excesivamente punitivo. Con el plazo de 180 días para las adecuaciones normativas, el Congreso de la Unión y los estados tendrán la tarea de traducir esta reforma en leyes prácticas, un proceso que, sin duda, seguirá generando controversia en los meses por venir.

Por ahora, la LXII Legislatura mexiquense ha dejado clara su postura: la soberanía nacional es innegociable, pero el camino para protegerla sigue abierto a interpretaciones y desafíos.