Este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que asumirá la investigación del macabro hallazgo en el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Este predio, que ha conmocionado a la sociedad mexicana, fue identificado como un campo de adiestramiento y exterminio operado presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde se encontraron crematorios clandestinos, restos humanos calcinados y cientos de pertenencias que apuntan a un número indeterminado de víctimas.

El anuncio fue confirmado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien destacó la colaboración entre las autoridades estatales y federales para esclarecer los hechos. «En Jalisco nadie se lava las manos», afirmó Lemus en un mensaje difundido a través de redes sociales, subrayando el compromiso de su administración para trabajar de la mano con la FGR, el Ejército, la Guardia Nacional y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Esta última, según informó el mandatario, llegará al estado este jueves para sumarse a las labores de investigación.

El caso del rancho Izaguirre tomó relevancia nacional tras la intervención del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que el pasado 5 de marzo ingresó al predio tras recibir una llamada anónima alertando sobre restos humanos. Lo que encontraron fue devastador: tres hornos clandestinos con fragmentos óseos, más de 400 prendas de vestir, mochilas, zapatos, casquillos de bala y hasta una carta de despedida que podría estar ligada a una de las víctimas. Este descubrimiento levantó serias preguntas sobre la efectividad de las autoridades locales, ya que el lugar había sido asegurado por la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco en septiembre de 2024, sin que entonces se detectara la magnitud de las atrocidades cometidas.

El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, había señalado previamente que no era «creíble» que un sitio de tal naturaleza operara sin el conocimiento de las autoridades municipales y estatales. Durante la conferencia matutina del martes, Gertz enfatizó la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y esclarecer si hubo negligencia o incluso encubrimiento. «Los grandes problemas de la delincuencia organizada no nacen de la nada, crecen de los problemas locales», afirmó, dejando entrever que el caso podría revelar complicidades que trascienden el ámbito del crimen organizado.

El rancho Izaguirre, situado en la comunidad de La Estanzuela, a poco más de 50 kilómetros de Guadalajara, operaba como un centro estratégico del CJNG. Según testimonios recabados por colectivos y autoridades, el lugar funcionaba desde hace al menos tres años como un punto de reclutamiento forzado, entrenamiento y exterminio. Jóvenes eran atraídos con falsas promesas de trabajo, despersonalizados con apodos y sometidos a brutales condiciones antes de ser enviados como «carne de cañón» a zonas de conflicto o eliminados en el mismo predio. La presencia de estructuras como losas de ladrillo sobre fosas y hornos improvisados demuestra un esfuerzo deliberado por ocultar evidencias, lo que complica aún más la identificación de las víctimas.

Para las familias de los desaparecidos, este paso ofrece una luz de esperanza. Las imágenes de las pertenencias halladas —publicadas por la Fiscalía estatal en un portal web— han permitido a algunos reconocer objetos de sus seres queridos, aunque el dolor de no saber su destino final persiste. Virginia Ponce, del colectivo Madres Buscadores de Jalisco, describió el rancho como «lo peor que ha visto» en sus años de búsqueda, destacando la magnitud de la tragedia y la urgencia de respuestas.