La diputada local por el Partido del Trabajo (PT), Anai Esparza Acevedo, emitió un pronunciamiento en el que condenó de manera enérgica los presuntos actos de violencia cometidos por la presidenta municipal de Capulhuac contra una trabajadora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de dicho municipio.
En su calidad de integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, Esparza calificó los hechos como “inaceptables” y expresó su preocupación por la gravedad del caso.
En su declaración, la legisladora señaló que la agresión no solo atenta contra la integridad física y emocional de la víctima, sino que también representa una afrenta a la dignidad de las mujeres que desempeñan funciones públicas o sociales.
“No hay justificación, contexto ni circunstancia que ampare la violencia ejercida contra una mujer en el ejercicio de su labor, menos aún cuando dicha labor está orientada al cuidado, atención y bienestar de otras personas”, afirmó.
Esparza hizo un llamado urgente a la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género para que realice una investigación exhaustiva, imparcial y sin presiones políticas. Subrayó la importancia de evitar que este caso se sume a los numerosos episodios de violencia de género que permanecen en la impunidad. “No lo permitiré, no lo permitiremos”, enfatizó, destacando su compromiso con la justicia y la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
La diputada también exhortó a las instituciones, gobiernos municipales y a la sociedad en general a no normalizar ni minimizar la violencia contra las mujeres. “El poder no es licencia para violentar, y el silencio tampoco es una opción”, aseguró, reiterando que las agresoras no deben ser protegidas y que las víctimas merecen respaldo y acceso a la justicia.
El pronunciamiento, concluye con un mensaje claro: la defensa de los derechos de las mujeres es un deber ético, legal y político. Esparza reafirmó su compromiso de mantenerse vigilante para garantizar que este caso, y otros similares, no queden en el olvido ni en la impunidad, exigiendo que las instituciones actúen con celeridad y transparencia para hacer valer la justicia.