El homicidio de Dafne Zapata Quintos, de 13 años de edad, ocurrido al interior de una academia militarizada en Tamaulipas —caso tipificado e investigado como feminicidio por la Fiscalía General de Justicia—, redescubre un fenómeno tan lucrativo como peligroso: la proliferación de internados y campamentos que, bajo la promesa de forjar “carácter y disciplina”, operan al margen de la ley.

La respuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha sido definitiva al ordenar la suspensión y el inicio de procedimientos de clausura definitiva para todas las escuelas civiles que ostenten modalidades o denominaciones militarizadas en el país. Las implicaciones operativas y de control administrativo de esta resolución impactarán fuertemente el panorama educativo nacional.

Desde el punto de vista jurídico, este cese masivo halla su principal fundamento en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consagra que toda educación impartida por el Estado y los particulares con autorización debe priorizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, garantizando un entorno libre de violencia y con pleno respeto a la dignidad humana. Asimismo, la Ley General de Educación estipula que los planes y programas de estudio deben alinearse a marcos pedagógicos y científicos aprobados; el modelo de adiestramiento castrense para menores carece por completo de validez o justificación didáctica en el sector civil.

La SEP y la Secretaría de la Defensa Nacional han manifestado que la instrucción de tipo militar es una facultad exclusiva de las instituciones del Estado destinadas a preparar a los futuros integrantes de las Fuerzas Armadas.

El uso de tácticas de presión psicológica, castigos físicos extenuantes o “novatadas” aplicadas a menores de edad constituye una flagrante violación tanto a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como a los tratados internacionales en la materia. Las autoridades educativas de las entidades federativas enfrentarán el enorme reto técnico de auditar los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) ya otorgados, suspender labores de inmediato y resguardar la documentación académica de miles de estudiantes para reubicarlos en escuelas regulares, cuidando que no pierdan su continuidad escolar.

La entidad mexiquense no es ajena a estos hechos, ya que, en noviembre de 2023, Zamir Pinto, de 16 años, perdió la vida dentro del Colegio Militarizado Aztlán, en Tultitlán, Estado de México; y en la CDMX, en abril de 2025, en un caso similar, falleció el niño Erick L. Terán Torbellín.

En el territorio del Estado de México se concentra una de las matrículas privadas más densas de la República, y el vacío normativo que permitía a estas academias operar con RVOE de bachilleratos generales tendrá que eliminarse definitivamente.

Jurídicamente, el homicidio de esta menor establece un precedente de responsabilidad compartida que va más allá de los autores materiales. No solo colocará a los directivos bajo figuras penales de feminicidio y omisión de cuidado, sino que también detona la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por la falta de inspección y vigilancia, tal como lo mandata la Ley General de Educación.