Este lunes se ha agudizado la polémica por los nuevos libros de texto de la SEP, después de que un tribunal judicial emitiera un amparo, decretando la suspensión inmediata de su distribución, además de que se está denunciando desacato de instituciones de educación federal, por incumplir diversos mandamientos judiciales sobre el caso.
Cabe recordar que el tema de los nuevos libros de texto de la SEP ha generado gran controversia en semanas recientes, al grado que ha sido tema en las conferencias matutinas del presidente López Obrador, quien ha defendido el accionar de la Secretaria de Educación, y ha insistido que estos libros serán distribuidos en semanas próximas, a pesar de la oposición de lo que él llama «conservadores».
No obstante que las críticas a los nuevos libros de texto, provienen no solo de parte de adversarios políticos, sino también de organizaciones de la sociedad civil, así como también de ciudadanos en general.
Por ejemplo, una petición en Change.org, acumula más de 40 mil firmas ciudadanas, pidiendo cancelar la distribución de estos controvertidos libros, enlistando también varios de los argumentos emitidos por instancias como la Unión Nacional de Padres de Familia.
En primer lugar, se está cuestionando la metodología para producir esta nueva generación de libros de texto, pues no se habría realizado un proceso de consulta abierto y con especialistas, tal cual lo establece también la Ley General de Educación.
Esta violación al proceso, es lo que ha dado pie también a que instancias judiciales, estén decretando la suspensión inmediata del proceso de entrega; una jueza de federal este lunes dio un ultimátum de 24 horas a la SEP, para que «acrediten con las constancias idóneas haber dado cumplimiento a la medida cautelar decretada».
Esta medida, exigía someter a consulta pública de especialistas y gobiernos estatales, el diseño de los nuevos libros; sin embargo, advertía que en caso de no acreditarse este requerimiento, se debería detener la entrega de los materiales, y volver a utilizar los anteriores.
El pasado 29 de junio, la misma jueza ya había denunciado desacato de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), de la Subsecretaría de Educación Básica y de la Dirección General de Materiales Educativos, por incumplir con el procedimiento legal.
Llama también mucho la atención, la opacidad con la que se ha manejado el proceso de diseño de los nuevos libros, y aunque la Secretaria de Educación, Leticia Ramírez, sostiene que su elaboración fue producto de una consulta con miles de maestros de todo el país, diversas organizaciones han criticado que ni el proceso, ni los materiales resultantes se conocen a detalle en su totalidad; pues además, los acuerdos y supuestos documentos alusivos al diseño de estos libros, se han reservado como confidenciales para los próximos cinco años.
La investigadora del CINESTAV, Alma Maldonado, quien ha tenido acceso a parte de los materiales, los criticó no solo por el hecho de estar elaborados de forma muy sesgada, sino también porque no se consultó a expertos editoriales ni en ilustración, por lo que no se trata de libros que realmente tengan un diseño pedagógico enfocado en los niños de cada grado en particular.
«Si tu ves un libro que no te llama la atención, que no tiene un diseño adecuado, que no está pensando en eso, pues la verdad va ser más difícil que lo consultes, que lo tomes, que te lo apropies como el usuario de este libro que deberías de ser, entonces me parece que toda esta parte del diseño queda muy corta y se nota que no hubo personas que tuvieran el cuidado de hacer la revisión de estos materiales», señaló la investigadora.
El tema también ha trastocado cuestiones políticas; en redes sociales, tuvo un amplio impacto los comentarios de personajes de la «oposición», como Ricardo Anaya, quien se quejó que con la nueva generación no habrá libros de ámbitos básicos como las «matemáticas», no obstante que habrá al parecer materiales diseñados para enseñar a los menores episodios de la historia reciente, como el presunto fraude electoral del 2006.
Hasta el momento, ni la SEP ni la secretaria Leticia Ramírez se han pronunciado en relación al nuevo ordenamiento juficial.
