Toluca, Méx.- Una vez concluido el plazo de 4 años que dio la autoridad Federal para legitimar los Contratos Colectivos de Trabajo y luego de que sólo se consiguió el 10 por ciento de la meta, se ha generado una condición de incertidumbre laboral para el país, sin la posibilidad de emplazamientos a huelga, lo que afecta el análisis de las proyecciones financieras y, en muchos casos, limita el ampliar la operación de nuevas líneas de producción.
Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem) refirió que, actualmente, son poco más de 17 mil contratos legitimados de un total superior a 139 mil, por lo que se plantean dos importantes retos en la materia.
1.- El que se pueda interrumpir la puesta en operación de capitales por no contar con la certidumbre jurídica y la posibilidad de proyectar los costos reales de una empresa, cuando cuenta con el respaldo jurídico de un contrato colectivo de trabajo
2.- La necesidad de ser sumamente escrupulosos en la entrega de constancias de representatividad para organizaciones sindicales que busquen apropiarse de los contratos que han quedado acéfalos.
“Como empresarios estamos conscientes de que no están en riesgo los derechos de los trabajadores o el cumplimiento de las prestaciones ya que están protegidos por su contrato individual, pero la figura legal del Contrato Colectivo es pilar de la paz laboral en el país”.
Señaló que la carga administrativa y económica para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que implicará la adjudicación del 90 por ciento de los contratos y la emisión de constancias de representación para cada sindicato, será determinante para garantizar un nuevo esquema de verdadera representación laboral en donde las y los colaboradores conozcan su representación, sus derechos y las condiciones que se ganan y comprometen en su empresa.
Dichas modificaciones a la representación laboral abonarán, además, a los protocolos y cumplimiento de la norma en materia de conciliación, prevención y atención de otras materias como son el acoso y hostigamiento laboral, que son temas de atención prioritaria dentro de las unidades económicas.
