Toluca, Méx.- La iniciativa de Reforma Administrativa presentada por el Gobierno Federal debe ser analizada detalladamente, ya que la propuesta presentada para la modificación de 23 Leyes Federales podría ser inconstitucional y afectar el Estado de Derecho, además de incrementar actos de corrupción en el país.
Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), señaló que en el sector empresarial hay preocupación sobre dicha iniciativa de Reforma por diferentes factores.
Explicó que en los próximos 2 años, en México, se espera la llegada de capitales por más de 35 mil millones de dólares, derivados del modelo de “Nearshoring”, y añadió que solo será una realidad si se envía un mensaje de certidumbre y legalidad desde México.
Detalló que de concretarse la llamada «Reforma Administrativa», podría ser un retroceso en temas de legalidad y claridad en materia reglamentaria para obtener concesiones, permisos y licencias.
“Empezamos a quitar legislación reglamentaria que determina los pasos a cumplir para recibir concesiones, permisos y las cambiamos por determinaciones discrecionales por la autoridad y eso lleva a tener criterios que podrían detonar actos de corrupción”.
Por otra parte, otorgaría al Estado la facultad de cancelar contratos o rescindir permisos y concesiones cuando lo considere conveniente o prioritario al interés público, lo que violaría el Estado de Derecho y eliminaría la certeza jurídica de quienes decidan invertir en nuestro país.
Sauza Martínez señaló que la propuesta diferencia entre el sector privado y el público para el desarrollo de contratos u obras de infraestructura, estableciendo condiciones preferenciales para las empresas gubernamentales.
Adicionalmente se plantea otorgar facilidades a las autoridades administrativas para dar permisos o contratos sin necesidad de licitaciones, con lo que se retrocedería en temas administrativos, volviendo a licitaciones directas o contratos restringidos.
El presidente de Concaem añadió que las medidas serían inconstitucionales, afectando la libre empresa y la igualdad, al volver a criterios personales para acceder a permisos de inversión y operación.
Sauza Martínez expresó su expectativa de que un grupo parlamentario dentro del Congreso de la Unión tome el tema en su agenda y evite que sea aprobada en los términos que ha sido presentada.
“Lo que requerimos, más que una Reforma, es un esquema de mejora regulatoria que haga más sencillos los trámites, elimine duplicidades y favorezca la llegada de inversión al país. Se trata de hacer las cosas transparentes y simples para enviar un mensaje de certeza”.
