La muerte de al menos 40 migrantes en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INAMI) en Ciudad Juárez, ha generado una serie de reacciones, no solo nacionales, sino también internacionales.
Instancias como Amnistía Internacional, lamentaron lo sucedido, y lo calificaron como una consecuencia de las políticas públicas del gobierno federal mexicano.
“Lo que sucedió en Ciudad Juárez es un recordatorio sobre la importancia de adecuar la normativa migratoria a la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y acabar con este mecanismo que ha causado innumerables daños, e incluso tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, a miles de personas migrantes que han pasado por ellas”, señaló Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
La misma ONG internacional, urgió al gobierno mexicano «a cumplir con la sentencia de la SCJN y a establecer protocolos para actuar en incendios, así como rutas de evacuación en este tipo de situaciones. Asimismo, llama al Estado a investigar los hechos violatorios de derechos humanos, en especial las alegaciones tendientes a que se les dejó encerrados mientras ocurría el incendio, así como a reconocer que las personas migrantes se encontraban bajo su custodia y, por lo tanto, era su obligación tanto prevenir el incendio como actuar de manera diligente durante el mismo para evitar consecuencias fatales».
Por su parte Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, cuestionó también la actitud del presidente de la república, al intentar evadir la responsabilidad del gobierno mexicano.
“Es sumamente insensible y ofensivo que tanto el presidente López Obrador en su conferencia de prensa mañanera, como el Instituto Nacional de Migración en un comunicado oficial, hayan insistido en utilizar eufemismos para restarle gravedad a los hechos ocurridos y culpabilizar a las personas migrantes de los hechos. Las estaciones migratorias no son ‘albergues’, sino centros de detención, y las personas no están ‘alojadas’ ahí, sino privadas de su libertad”, señaló a través de un comunicado, donde la organización externó sus condolencias a las familias de las víctimas.
A nivel nacional, diversas organizaciones también expresaron su rechazo, no solo por lo sucedido, sino también por la política migratoria que se viene empleando desde hace años en el presente sexenio.
Alberto Najar, presidente de la ONG, Periodistas a pie, destacó que según datos de la Unidad de Política Migratoria, el sexenio de López Obrador, ha sido por mucho en el que más detenciones de migrantes se han registrado, superando incluso al sexenio de Vicente Fox, a pesar de que todavía faltan dos años para que termine el periodo.
1,289,000 personas migrantes han sido detenidas, y de hecho, el 71% de los migrantes capturados en 2022, fueron recluidos precisamente en estaciones migratorias como la que se incendió en Ciudad Juárez.
El académico además destacó que estas operaciones, se realizan principalmente con personal militar, quien carece de preparación suficiente en materia de derechos humanos.
En el ámbito político, también hubo múltiples cuestionamientos, el ex líder de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, señaló que las medidas adoptadas por el gobierno federal, se asimilan a prácticas «neonazis». Se trata de una “consecuencia de políticas sistemáticas del gobierno mexicano que violenta los derechos humanos, tanto en la frontera norte como en la sur. El @INAMI_mx se ha transformado en instrumento neonazi y servil que recuerda los campos de concentración y exterminio”, afirmó.
Culpas mutuas
La tragedia ha causado también un embrollo político en el partido gobernante, pues dos de los principales señalados, Adán Augusto, Secretario de Gobernación, y el canciller, Marcelo Ebrard, han evadido cualquier responsabilidad y se han culpado mutuamente.
“Es Marcelo el encargado”, afirmó Adán Augusto, en entrevista con López Dóriga, donde además aprovechó para insistir en sus aspiraciones presidenciales, a pesar de que el INAMI depende directamente de la Secretaría de Gobernación.
Por su parte Ebrard, sin decir nombres, sugirió que se trata de un asunto responsabilidad de la Secretaría de Gobiernación; “dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora … la SRE ha solicitado a la Secretaría de Gobernación y al INAMI la información necesaria para compartirla con los países hermanos mencionados”, señaló.
Aunque aún no existe renuncia de un alto mando, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este miércoles que se han identificado a ocho probables responsables por la muerte de los migrantes.
No obstante que todos ellos, serían personal con cargos menores; particularmente dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de una empresa de seguridad privada, quienes ya estarían presentando su declaración ministerial.
Foto de portada: AFP
