Ante los 9 mil 241 casos atendidos durante 2025 en centros comunitarios de salud mental y atención a las adicciones del Estado de México, la diputada Susana Estrada Rojas, de Morena, presentó una iniciativa para establecer mecanismos de certificación y capacitación del personal que presta estos servicios.
La propuesta, analizada en la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social del Congreso mexiquense, busca fortalecer la calidad de la atención y ofrecer mayores garantías a las personas usuarias y sus familias.
Certificación y supervisión de los servicios
La legisladora planteó que el Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones sea responsable de certificar al personal, proporcionar capacitación continua y establecer un padrón que identifique los modelos de atención y municipios donde operan los establecimientos.
Durante la discusión, Estrada Rojas señaló que Ecatepec y Nezahualcóyotl acumularon mil 175 casos. También expuso que, a escala nacional, únicamente 40 de aproximadamente 3 mil organismos de este tipo cuentan con documentación en regla.
La iniciativa contempla que los centros cuyo personal obtenga la certificación puedan acceder a apoyos económicos o en especie de instituciones públicas y entidades privadas, conforme a sus respectivos modelos de atención.
Legisladores plantean reforzar los controles
Durante el análisis, la diputada Jennifer Nathalie González López propuso armonizar la iniciativa con la nueva Ley de Salud estatal, mientras que Sandra Patricia Santos Rodríguez destacó la necesidad de contar con protocolos claros, supervisión y mecanismos para atender quejas.
Por su parte, Edmundo Luis Valdeña Bastida consideró que la certificación permitiría establecer estándares verificables en los establecimientos privados.
El legislador Octavio Martínez Vargas también llamó a reforzar la vigilancia de estos centros, particularmente en la administración de medicamentos, y subrayó que las adicciones deben abordarse como un problema de salud pública, sin criminalizar a las personas consumidoras.
La reforma al Código Administrativo del Estado de México permanece en análisis legislativo.
