A casi diez años de su creación, el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM) enfrenta el desafío de convertir sus mecanismos institucionales en resultados concretos para la población. Fortalecer la participación ciudadana, mejorar la coordinación entre autoridades y recuperar la confianza en las instituciones fueron algunas de las principales necesidades identificadas por quienes han encabezado este organismo.
Estas reflexiones se presentaron ayer, durante un encuentro realizado en la Escuela Judicial del Estado de México, en Toluca, con motivo de la publicación de la decimoquinta edición de la revista Experiencia Anticorrupción, dedicada a examinar la evolución del sistema, sus avances y los pendientes que persisten rumbo a su primera década de funcionamiento.
Instituciones y leyes no son suficientes para combatir la corrupción
Uno de los principales planteamientos del encuentro fue que la existencia de estructuras administrativas, disposiciones legales y organismos especializados no garantiza, por sí misma, una disminución de las prácticas irregulares.
José Martínez Vilchis, primer presidente del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana (CPC), recordó que uno de los retos iniciales consistió en establecer un modelo donde los ciudadanos desempeñaran un papel central en la vigilancia y prevención de la corrupción.
En esa misma línea, Josefina Román Vergara, primera secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva, consideró indispensable reforzar la colaboración institucional y reconstruir la confianza social, dos aspectos que siguen siendo fundamentales para el funcionamiento del sistema.
Por su parte, José Guadalupe Luna Hernández, expresidente de ambos comités, destacó la conformación de una red de acompañamiento ciudadano y la importancia de preservar su continuidad.
Luis Manuel De la Mora Ramírez coincidió en que las estrategias anticorrupción requieren involucrar directamente a la sociedad, mientras que Marco Antonio González Castillo subrayó la necesidad de facilitar la labor del CPC y asegurar que las instituciones encargadas de fiscalizar, auditar y sancionar puedan cumplir sus responsabilidades.
El reto de medir resultados y prevenir irregularidades
El actual presidente del CPC y del Comité Coordinador, Alberto Gándara Ruiz Esparza, destacó la elaboración de la Política Estatal Anticorrupción y su programa de implementación, aunque señaló que ahora resulta necesario garantizar su ejecución y establecer mecanismos que permitan evaluar los resultados.
A su vez, Víctor Romero Maldonado, secretario ejecutivo del SAEMM, sostuvo que el Estado de México ha alcanzado un importante grado de institucionalización en esta materia y afirmó que su modelo es reconocido por el Sistema Nacional Anticorrupción y otras entidades federativas.
El funcionario consideró que la consolidación de estos mecanismos debe acompañarse de esfuerzos permanentes en prevención, control interno, responsabilidad pública y participación social.
Durante su intervención, Miguel Cortés Islas, subsecretario de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría estatal, planteó que combatir la corrupción no debe limitarse a castigar conductas indebidas.
Explicó que también es necesario detectar riesgos oportunamente, perfeccionar los procedimientos administrativos, profesionalizar a los servidores públicos y fortalecer los principios éticos dentro de las dependencias.
En representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la secretaria de la Contraloría, Hilda Salazar Gil, vinculó estas acciones con el primer eje del Plan de Desarrollo estatal, denominado Cero Corrupción y Gobierno del Pueblo y para el Pueblo.
Recuperar la credibilidad de las autoridades, otro desafío
Desde el Poder Judicial del Estado de México, el magistrado Sergio Castillo Miranda, coordinador general de Relaciones Intergubernamentales, advirtió que la corrupción ha contribuido al deterioro de la relación entre la sociedad y las instituciones públicas.
En representación del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, señaló que multiplicar leyes y organismos resulta insuficiente cuando estas herramientas no se traducen en respuestas efectivas a las demandas ciudadanas.
Por su parte, José Luis Embris Vázquez, director general de la Escuela Judicial, destacó la importancia de revisar los avances alcanzados e identificar las áreas donde todavía se requieren mecanismos de prevención más eficaces.
Revista reúne experiencias de casi diez años de trabajo anticorrupción
La decimoquinta edición de Experiencia Anticorrupción, titulada Hacia los 10 años del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios: logros, retos y perspectivas, incorpora reflexiones de funcionarios y exintegrantes que han participado en distintas etapas del desarrollo institucional del SAEMM.
A su presentación asistieron representantes de los tres poderes del Estado, autoridades municipales, integrantes de los comités ciudadanos, titulares de órganos internos de control y miembros de los sectores empresarial y social.
Entre los participantes estuvieron Rodrigo Archundia Barrientos, fiscal especializado en Combate a la Corrupción; Nancy Flores Mendoza, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial, y Luis Eduardo Gómez García, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa estatal.
El encuentro permitió identificar una preocupación compartida entre antiguos y actuales responsables del sistema: el siguiente paso no consiste únicamente en fortalecer su estructura, sino en conseguir que las políticas anticorrupción produzcan resultados verificables y perceptibles para los ciudadanos.
