FGJEM impone 90 años de cárcel a mujer que internó a su hija por la fuerza en centro de rehabilitación en Zinacantepec

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Una mujer y un hombre fueron sentenciados a 90 años de prisión cada uno por su participación en un secuestro ocurrido en Zinacantepec en junio de 2025, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con la investigación de la institución, Martha Ramírez Sánchez y Salvador Huerta Castro privaron de la libertad a una mujer, hija de Martha, quien posteriormente fue localizada en un inmueble habilitado como Centro de Rehabilitación.

Los hechos se remontan a junio del año pasado, cuando la víctima salió de su domicilio, ubicado en Zinacantepec, con la intención de dirigirse a una tienda. En el trayecto, presuntamente fue interceptada por los ahora sentenciados, quienes la habrían sometido por la fuerza y obligado a subir a un vehículo.

La víctima fue trasladada a otro sitio, donde permaneció retenida dentro de un inmueble que funcionaba como centro de rehabilitación. Tras recuperar su libertad, acudió ante las autoridades y señaló a las dos personas ahora condenadas como quienes previamente la habían privado de su libertad.

Investigación permitió ubicar el inmueble

A partir de las diligencias realizadas por agentes de la Fiscalía, tanto en campo como mediante labores de gabinete, las autoridades lograron establecer el lugar donde se encontraba la víctima y reunir elementos para continuar con la investigación.

Con las pruebas obtenidas, el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra Martha Ramírez Sánchez y Salvador Huerta Castro por su probable participación en el delito de secuestro.

Ambos fueron detenidos e ingresados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial para enfrentar el proceso correspondiente.

Después de analizar las pruebas presentadas durante el procedimiento, un juez con residencia en Almoloya de Juárez determinó la responsabilidad penal de ambos acusados y les impuso una pena de 90 años de prisión a cada uno, además de la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

 


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