El Poder Judicial del Estado de México, en coordinación con el gobierno estatal, acercó trámites como juicios de identidad, rectificación de actas y divorcios por mutuo consentimiento a la comunidad, bajo un modelo de atención que busca reducir las barreras de acceso a la justicia

Atenco, EdoMéx. — El acceso a la justicia no debería depender de la distancia o de la capacidad económica. Bajo esa premisa, las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social continúan su recorrido por los municipios mexiquenses, llevando servicios jurídicos y administrativos a comunidades que históricamente han enfrentado dificultades para acceder a ellos. Este viernes 14 de agosto, el municipio de Atenco fue una de las sedes de esta estrategia.

En representación del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, la doctora María Elena Pons Escalera, coordinadora del Enlace Civil y Mercantil, encabezó la jornada y destacó que estas Caravanas permiten que la justicia salga de los edificios judiciales y se acerque a quienes más la necesitan .

Un modelo de atención que elimina barreras

Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social surgieron como una política pública impulsada por el gobierno de Delfina Gómez Álvarez, con el objetivo de acercar servicios a las comunidades y reducir los tiempos y costos de traslado. El programa ha sido reconocido internacionalmente: en julio de 2026, recibió el Premio Buenas Prácticas Regionales de la Organización de Regiones Unidas (ORU Fogar), con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por su carácter innovador y efectivo .

Durante la jornada en Atenco, Pons Escalera explicó a los asistentes los diversos servicios que el Poder Judicial pone a disposición a través de este modelo. Entre ellos se incluyen la tramitación de juicios de identidad de persona, rectificación de actas, divorcios por mutuo consentimiento, acreditación de concubinato, así como servicios de mediación y orientación para la obtención de firma electrónica .

«La justicia cobra verdadero sentido cuando está al alcance de las personas. Estas Caravanas nos permiten salir de los edificios judiciales, acercarnos a las comunidades, escuchar sus necesidades y demostrar que existen trámites y procedimientos que pueden transformar situaciones concretas de su vida cotidiana», señaló Pons Escalera.

Atenco y la justicia pendiente

El municipio de Atenco tiene una carga histórica particular en materia de justicia. En 2006, la comunidad fue escenario de una represión violenta por parte de fuerzas federales y estatales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el contexto de la oposición al proyecto de aeropuerto en Texcoco. A 20 años de aquellos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Estado mexicano sigue sin cumplir la mayoría de las medidas de reparación ordenadas para las víctimas .

El operativo dejó dos jóvenes muertos, decenas de mujeres víctimas de violencia sexual y cientos de detenciones arbitrarias . Hasta la fecha, los principales responsables políticos no han enfrentado proceso penal por estos hechos. Wilfrido Robledo Madrid, entonces responsable de la Agencia de Seguridad Estatal, murió en 2022 sin condena, y los exgobernantes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tampoco han sido llamados a rendir cuentas por la represión .

En mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó un acto en San Salvador Atenco donde restituyó 54.5 hectáreas al ejido y prometió que «nunca más un policía, un guardia nacional, reprimirá al pueblo de México» . Sin embargo, organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) han señalado que la justicia penal sigue siendo una cuenta pendiente .

Servicios que atienden necesidades cotidianas

Más allá del contexto histórico, las Caravanas atienden necesidades inmediatas de la población. Detrás de cada procedimiento —una rectificación de acta, un reconocimiento de concubinato o un divorcio— existe una historia concreta: una persona que necesita acreditar jurídicamente su identidad, una familia que requiere corregir un documento para ejercer plenamente sus derechos, o una pareja que busca concluir de común acuerdo su vínculo matrimonial.

El programa ha logrado cubrir 122 de los 125 municipios del Estado de México, con más de 125 trámites y servicios gratuitos o a bajo costo ofrecidos a través de 29 dependencias . Hasta abril de 2026, se habían realizado cerca de 64 mil trámites, lo que refleja la demanda de servicios jurídicos que no siempre están al alcance de la población .

Una estrategia en crecimiento

La participación del Poder Judicial del Estado de México en estas jornadas responde a una visión institucional encabezada por el magistrado presidente Héctor Macedo García, orientada a construir una justicia más cercana, accesible y humana. En Atenco, una vez más, las Caravanas demostraron que la justicia no debe esperar a que las personas lleguen hasta ella: también puede recorrer caminos, llegar a los municipios y ponerse al servicio de quienes más la necesitan.

Por qué esto importa

El modelo de las Caravanas Itinerantes representa un intento por resolver un problema estructural: la concentración de servicios jurídicos en las cabeceras municipales o en la capital del estado, lo que deja a comunidades alejadas sin acceso efectivo a la justicia. En un estado como el de México, con 125 municipios y una población de más de 17 millones de habitantes, la distancia y los costos de traslado son barreras reales que limitan el ejercicio de derechos. Si bien el programa ha sido reconocido internacionalmente y ha logrado una cobertura significativa, persisten desafíos en materia de justicia penal y reparación en casos emblemáticos como el de Atenco, donde la comunidad ha señalado que el acceso a la justicia sigue siendo una demanda vigente. La nota importa porque documenta un esfuerzo institucional por acercar servicios básicos a la población, pero también porque recuerda que la justicia no se agota en los trámites administrativos: también implica rendición de cuentas por violaciones graves a los derechos humanos.