La Ciudad de México concretó la expropiación del inmueble ubicado en República de Cuba número 11, en el Centro Histórico, con lo que las familias desalojadas del edificio podrán avanzar hacia la recuperación de sus viviendas bajo un esquema de propiedad.
La Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicó este miércoles el decreto firmado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, mediante el cual el predio, con una superficie de 635.72 metros cuadrados, quedó destinado al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) para desarrollar un programa de vivienda de interés social y popular.
El INVI asumió la posesión física y administrativa del inmueble tras la publicación del decreto.
Familias podrán regresar como propietarias
El inmueble será sometido a una rehabilitación integral, autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) debido a que se trata de un edificio catalogado.
Una vez concluidos los trabajos, las familias que habitaban el lugar podrán adquirir sus departamentos mediante créditos de interés social del Programa de Vivienda en Conjunto.
El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, señaló que la medida representa un avance frente a las prácticas de despojo y las dinámicas irregulares de uso del suelo que afectan a zonas con alta presión inmobiliaria.
La resolución permitirá que quienes mantenían una posesión de larga data sobre los espacios habitacionales puedan acceder nuevamente a ellos, ahora bajo un esquema de propiedad.
Un desalojo que desencadenó más de un año de resistencia
El conflicto comenzó el 27 de agosto de 2025, cuando 19 familias y ocupantes de locales comerciales fueron desalojados del inmueble. Entre los afectados se encontraba un taller de reparación de máquinas de escribir que operaba desde 1988.
Tras el desalojo, los afectados instalaron un campamento frente al edificio, donde permanecieron durante más de un año mientras avanzaba el proceso para determinar la situación jurídica del predio.
Durante ese periodo fallecieron tres adultos mayores que habían residido en el inmueble y que no lograron regresar a sus viviendas.
Los vecinos y las organizaciones que los acompañaron sostuvieron desde el comienzo que el desalojo estaba relacionado con documentación irregular. El 22 de septiembre de 2025, Inti Muñoz Santini reconoció públicamente inconsistencias en los títulos de propiedad presentados por quienes se ostentaban como dueños y anunció el inicio del procedimiento de expropiación.
El inmueble se encontraba además en condición de intestado, luego de que falleciera años atrás quien era considerado propietario legítimo.
El procedimiento avanzó hasta la expropiación
Durante este año, el proceso administrativo siguió distintas etapas hasta llegar al decreto publicado este miércoles.
El 29 de junio, el Comité del Patrimonio Inmobiliario determinó procedente iniciar los trámites correspondientes. Posteriormente, el 10 de julio, la Secretaría de Gobierno declaró la causa de utilidad pública.
Entre el 3 y el 21 de agosto se abrió el periodo para presentar oposiciones. Finalmente, el 14 de septiembre se confirmó la declaratoria, lo que permitió concretar la firma del decreto.
Con la publicación del documento, el predio pasó formalmente al ámbito del INVI para su intervención y posterior desarrollo habitacional.
Un caso que coloca a las familias en el centro del proceso
El abogado Arturo Aparicio acompañó jurídicamente a los afectados durante el procedimiento, mientras que colectivos y organizaciones defensoras del derecho a la vivienda respaldaron a los vecinos durante la resistencia frente al desalojo.
La expropiación establece también que el gobierno deberá cubrir la indemnización correspondiente a quien acredite legítimo interés jurídico, con base en un avalúo oficial.
Después de más de doce meses de campamento, movilizaciones y trámites administrativos, el caso de República de Cuba 11 llega a una nueva etapa: las familias desalojadas podrán encaminarse a recuperar sus viviendas
