La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) inició una investigación de oficio tras conocer una publicación difundida en redes sociales sobre presuntos hechos ocurridos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez.

El organismo informó que los señalamientos incluyen posibles irregularidades relacionadas con objetos cuya posesión o ingreso al centro penitenciario no estaría permitido, además de presuntos actos de extorsión contra personas privadas de la libertad y sus familiares.

Señalan posibles abusos dentro del penal

De acuerdo con la información difundida, también se hicieron señalamientos sobre la presunta coacción de mujeres privadas de la libertad para participar en actividades de explotación sexual.

Ante la naturaleza de las acusaciones y su posible relación con violaciones a derechos humanos, así como con eventuales omisiones o irregularidades en la actuación de autoridades penitenciarias, la CODHEM registró el caso y lo remitió a la Visitaduría Especializada de Atención a Personas Privadas de la Libertad.

Esta instancia será la encargada de desarrollar las diligencias correspondientes, conforme a las atribuciones que establece la normativa aplicable.

Investigación no implica responsabilidad anticipada

La comisión precisó que la apertura del expediente no significa que los señalamientos hayan sido acreditados ni que exista una determinación sobre responsabilidades individuales.

El objetivo de la investigación será esclarecer las circunstancias de los hechos, determinar si existieron vulneraciones a derechos humanos y, en caso de encontrar elementos suficientes, establecer las acciones que correspondan dentro de las facultades de la CODHEM.

El organismo señaló que dará seguimiento al caso bajo un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, debido a la naturaleza de algunos de los señalamientos planteados.

CODHEM recuerda obligaciones de las autoridades penitenciarias

La comisión sostuvo que la privación de la libertad no elimina la dignidad ni los derechos fundamentales de las personas internas.

En ese sentido, recordó que las autoridades responsables de los centros penitenciarios tienen la obligación de proteger la integridad y seguridad de las personas bajo su custodia, prevenir abusos y actuar ante cualquier indicio de violencia, explotación, extorsión o trato indigno.

La CODHEM subrayó que ninguna condición de internamiento puede justificar actos de violencia, explotación, extorsión o impunidad y que la investigación permitirá establecer, con base en las evidencias que sean recabadas, si existieron conductas contrarias a los derechos de las personas privadas de la libertad.