Tenancingo, Estado de México, enfrenta una controversia que involucra a la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco, quien al mismo tiempo mantiene una denuncia penal contra cuatro periodistas locales y enfrenta investigaciones judiciales y consecuencias políticas derivadas de un caso que también ha alcanzado a Morena.

Denuncia contra cuatro periodistas locales

Nancy Nápoles Pacheco presentó una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia de Género, con sede en Metepec, dentro de la carpeta de investigación 275/2026.

Los denunciados son los periodistas Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez, integrantes del espacio informativo La Madeja Política de Tenancingo.

La alcaldesa, actuando a título personal, los acusa de presunta violencia digital, difusión de información falsa, insultos, hostigamiento, intimidación y violencia psicológica. Además, solicita una reparación del daño de 125 mil pesos para cada uno de los comunicadores, por un monto total de 500 mil pesos.

Entre los argumentos expuestos se encuentra el uso de sarcasmo e ironía en las publicaciones, así como el supuesto daño a su reputación y la presunta revictimización al hacer referencia a un secuestro que ella había denunciado previamente.

A principios de junio, elementos de la Policía Municipal entregaron los citatorios a los periodistas. Durante una primera audiencia, la alcaldesa presentó como testigos a funcionarios de su administración, entre ellos el tesorero Erick García Reyes y la directora de Gobernación Guillermina Cruz Cortés.

Por su parte, los comunicadores y la organización 100 Periodistas por el Estado de México sostienen que la denuncia representa un intento de criminalizar el ejercicio periodístico. Argumentan que sus publicaciones abordan temas de interés público, como el suministro de agua potable, fallas en el alumbrado, presuntos sobrecostos en obras y posibles casos de nepotismo en el gobierno municipal.

La investigación de la Fiscalía

Paralelamente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó acusaciones contra la alcaldesa y varias personas cercanas a ella por la presunta simulación de un secuestro ocurrido el 31 de mayo de 2026.

De acuerdo con la autoridad, el supuesto objetivo habría sido ocultar un posible desfalco cercano a los 40 millones de pesos de recursos municipales. La Fiscalía informó que ejerció acción penal contra seis personas, con detenciones y órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.

Nancy Nápoles ha rechazado las acusaciones y sostiene que las finanzas del municipio se encuentran en orden. También ha afirmado que sus declaraciones ante el Ministerio Público fueron manipuladas, ha denunciado una presunta persecución política y ha solicitado la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR).

Consecuencias políticas dentro de Morena

El caso también tuvo repercusiones al interior de Morena. La dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, promovió un procedimiento sancionador ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) por posibles incumplimientos a los principios de «no mentir, no robar y no traicionar al pueblo».

Como medida cautelar, la CNHJ determinó suspender temporalmente los derechos partidarios de la alcaldesa y separarla de su cargo como presidenta del Consejo Político Estatal de Morena en el Estado de México.

En contraste, el senador Higinio Martínez Miranda, identificado como uno de los principales liderazgos del partido en la entidad y coordinador de Mexiquenses de Corazón, expresó públicamente su respaldo a la alcaldesa y manifestó confianza en que el caso se esclarezca, evidenciando diferencias internas dentro del movimiento.

Hasta el momento, la gobernadora Delfina Gómez no ha emitido un posicionamiento directo sobre el asunto.

Un caso aún sin resolución

Tanto la investigación penal como el procedimiento interno de Morena permanecen en desarrollo. La alcaldesa conserva la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva.

El caso ha abierto un debate sobre los alcances de la crítica periodística hacia los servidores públicos, el uso de figuras legales relacionadas con la violencia digital y de género, así como los mecanismos de rendición de cuentas en los gobiernos municipales.

Las autoridades competentes y el partido político continúan con sus respectivos procesos, por lo que se prevén nuevas diligencias y posibles resoluciones en las próximas semanas.