El gobierno de México anunció el envío al Senado de una iniciativa de Ley General que obligaría a investigar, desde el primer momento, cualquier muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio. La propuesta busca establecer criterios uniformes en todo el país y reforzar los mecanismos para evitar la impunidad en este delito.

La iniciativa plantea además la implementación de un sistema de investigación continua, sin interrupciones, así como la incorporación obligatoria de la perspectiva de género en todas las etapas del proceso.

Penas más severas y nuevas agravantes

Entre los puntos centrales, se contempla una sanción de entre 40 y 70 años de prisión para el delito de feminicidio. En casos de tentativa, la pena correspondería a entre la mitad y dos terceras partes de esa sanción, además de multas económicas.

El proyecto también define nueve razones de género para tipificar el delito, incluyendo antecedentes de violencia, signos de agresión sexual o la existencia de relaciones de poder. A esto se suman 21 agravantes, como cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad o cuando el crimen ocurra frente a familiares directos.

Para hacer viable la ley, se propone modificar la Constitución, con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión a emitir una legislación general en la materia. Esto permitiría homologar el tipo penal de feminicidio en todo el país, obligando a las entidades federativas a ajustar sus marcos legales.

La propuesta establece que el delito sea perseguido de oficio, con carácter imprescriptible tanto en la acción penal como en las sanciones y la reparación del daño.

Sanciones adicionales y consecuencias legales

Además de las penas de prisión, la iniciativa contempla consecuencias jurídicas adicionales para los responsables. Entre ellas, la pérdida de derechos sucesorios, la patria potestad y cualquier figura de custodia sobre hijas e hijos.

También se prevé la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos, así como la obligación de contar con fiscalías especializadas en la investigación de este delito.

El proyecto incorpora un conjunto de medidas orientadas a garantizar los derechos de las víctimas y sus familias. Estas incluyen acceso a la justicia, atención médica y psicológica inmediata, asesoría jurídica gratuita y mecanismos de protección.

Se contemplan apoyos específicos para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, así como la creación de registros nacionales para dar seguimiento a estos casos.

Asimismo, se establece la obligación de resguardar la dignidad de las víctimas, prohibiendo la difusión de imágenes en plataformas digitales.

Estrategias de prevención y atención

La iniciativa también plantea políticas de prevención, como campañas de concientización, fortalecimiento de refugios y atención especializada a mujeres en situación de violencia.

Entre las medidas institucionales se incluye la creación de una comisión especial y un programa integral para atender la violencia feminicida, así como la consolidación de registros nacionales que permitan dimensionar el problema y diseñar acciones de política pública.

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo federal, el propósito central de la iniciativa es erradicar el feminicidio en el país y garantizar que estos casos sean investigados con rigor desde el inicio, evitando su clasificación errónea y fortaleciendo el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.