La queja

Laura López López, mujer española y madre de dos niñas mexicanas, que desde hace más de un año es víctima del machismo de la justicia mexiquense, presentó la mañana de este día una queja en contra del juez Miguel Ángel Domínguez López, titular del Juzgado Tercero Familiar del Estado de México, quien el pasado 27 de febrero del año en curso ordenó el desalojo de la quejosa de la casa familiar sin analizar los expedientes de los juicios de violencia familiar, para dejarla en estado de indefensión.

Ese desalojo fue el último golpe que la justicia mexiquense le asestó a Laura, a petición de su exesposo, el segundo síndico (panista) de Toluca, Jaime Amado López Gómez.

Omisión de pruebas y contradicciones

En la queja formal presentada ante la instancia correspondiente, Laura López López acusa al juez Domínguez López de haber resuelto un incidente el 27 de febrero del año en curso sin realizar un análisis integral de las constancias del expediente 1107/2024. La denunciante señala que el juzgador omitió valorar pruebas clave, como la respuesta del Instituto de la Función Registral del Estado de México (foja 1358), que acredita que su exesposo tiene tres propiedades inscritas a su favor, así como una pericial en trabajo social (foja 1575), donde el propio Jaime Amado López Gómez manifestó estar pagando un crédito hipotecario.

A pesar de estas pruebas, que contradicen la afirmación del apoderado legal del síndico —quien sostuvo que su representado habitaba como arrendatario—, el juez dio por buena esa versión sin exigir contrato de arrendamiento o comprobantes de pago, y ordenó el desalojo inmediato de la mujer.

Ejecución exprés y uso de la fuerza pública

El documento detalla que aproximadamente cuarenta minutos después de concluida la audiencia ya se encontraban en el inmueble elementos de la policía municipal, la actuaria adscrita al juzgado y diversas personas destinadas a ejecutar el desalojo.

Para Laura López, esa presencia inmediata “denota una preparación previa” que genera una apariencia objetiva de coordinación indebida entre la contraparte y el órgano jurisdiccional.

La ejecución inmediata impidió que la afectada pudiera interponer el recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria, dejándola en estado de indefensión. La queja subraya que Laura se encuentra en condición de vulnerabilidad por ser de nacionalidad española y no contar con red de apoyo ni otro inmueble donde habitar, mientras que su exesposo tiene bienes registrados y capacidad económica.

Pruebas de manipulación parental ignoradas

La denuncia también señala que el juez emitió consideraciones sobre una supuesta violencia ejercida por la madre hacia sus hijas, anticipándose al fondo del juicio, cuando existen dictámenes periciales en psicología y paidopsiquiatría que apuntan en sentido contrario.

La perito adscrita a la Fiscalía de Género concluyó que las menores presentan “conflicto de lealtades”, “instrumentalización parental” y que su relato no es espontáneo, con intento de ocultar información. El dictamen de paidopsiquiatría acredita que la hija mayor tiene trastorno de ansiedad generalizada y roles parentalizados, lo que constituiría violencia familiar por parte del progenitor.

Entre las pruebas más importantes del caso se encontraría una grabación en la que el segundo síndico de Toluca amenaza con destruir la vida de Laura López y se ufana de tener mucho poder y dinero para lograrlo. De hecho, la anterior jueza del caso —a quien Miguel Ángel Domínguez López sustituyó tras la elección judicial— se negó a procesar a Laura López por violencia familiar y la ubicó como la verdadera víctima.

Vulnerabilidad y asimetría procesal

El juez omitió realizar cualquier análisis de su situación de vulnerabilidad ni ponderó las condiciones de las partes antes de ordenar una medida desproporcionada como el desalojo inmediato.

Por lo que se acusa al servidor público de haber actuado con falta de exhaustividad, haber violado el derecho de acceso a la justicia y haber generado una apariencia de parcialidad.

Laura López solicita que se investigue al juez Miguel Ángel Domínguez López por posibles faltas administrativas, al haberse apartado de los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y respeto a los derechos humanos que rigen la función jurisdiccional.

Por qué esta información es importante

Este caso expone varias capas de un problema sistémico en la procuración de justicia familiar en el Estado de México. La queja documenta no solo una resolución judicial cuestionable, sino una ejecución tan rápida que resultó materialmente imposible impugnarla, lo que anula de facto el derecho a la defensa.

La presencia de elementos de seguridad y personal listo para desalojar apenas cuarenta minutos después de la audiencia sugiere, cuando menos, una coordinación inusual que merece ser investigada.

En un país donde la desconfianza en el poder judicial es alta, este tipo de actuaciones refuerzan la percepción de que los procedimientos pueden manipularse cuando una de las partes tiene recursos, contactos o poder político —en este caso, un síndico municipal en funciones.

Además, el caso evidencia la urgencia de que los jueces familiares apliquen perspectiva de género y consideren situaciones de vulnerabilidad, especialmente cuando hay menores de por medio y dictámenes periciales que advierten sobre manipulación parental. Ignorar esas pruebas y desalojar a una madre extranjera sin red de apoyo no es solo una mala práctica: es violencia institucional.