Hace unos minutos se concretó la liberación de Tomás Gabriel Crisanto, integrante del pueblo otomí originario de Jiquipilco El Alto, municipio de Temoaya, quien permaneció más de 12 años en prisión.
La salida ocurrió este martes 17 de febrero del Centro Penitenciario de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, luego de que finalmente se ejecutara el beneficio de amnistía que en realidad ya había sido concedido desde marzo de 2025.
Una amnistía que tardó casi un año en cumplirse
Aunque la amnistía fue otorgada el 25 de marzo de 2025 al reconocerse que no cometió el delito imputado, diversos trámites administrativos dentro del Poder Judicial del Estado de México retrasaron su aplicación.
Ese aplazamiento prolongó su encierro casi un año adicional, pese a que ya existía resolución favorable.
Irregularidades en el proceso original
Crisanto fue detenido en 2013 y sentenciado a 43 años y 9 meses de prisión por homicidio calificado, además de una reparación del daño superior a 660 mil pesos.
Durante el juicio se documentaron fallas graves:
- Ausencia de intérprete en lengua otomí.
- Falta de una defensa adecuada con enfoque cultural.
- Barreras derivadas de pobreza y rezago educativo.
Un sobrino lo deslindó del crimen ante autoridades, lo que desde el inicio generó cuestionamientos sobre la acusación.
En prisión enfrentó condiciones adversas que derivaron en la pérdida de un riñón.
El plantón que presionó la resolución
El pasado 4 de febrero de 2026, su esposa, Carmela Flores, inició un plantón, primero frente al Palacio de Gobierno estatal y posteriormente en la sede del Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en Toluca para exigir la ejecución inmediata de la amnistía.
La protesta fue acompañada por familiares y por el colectivo “Haz Valer Mi Libertad”, que mantuvo presión pública hasta que se resolvió el caso.
La liberación se concretó tras la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), que acreditó deficiencias en el proceso, particularmente la falta de intérprete y de una defensa culturalmente pertinente.
Su presidente, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, señaló que la resolución atiende fallas estructurales en el acceso a la justicia para personas indígenas.
«Su caso nos recuerda que la justicia no puede ser indiferente frente a la la discriminación y las barreras culturales. Cuando el acceso a la defensa adecuada falla, el Estado tiene la obligación de revisar y corregir», destacó el ombudsman mexiquense.
La liberación, concretada hace unos minutos, pone fin a más de una década de reclusión y cierra un proceso que evidenció deficiencias en el sistema judicial cuando se trata de personas pertenecientes a comunidades originarias.
