El Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código Penal estatal para castigar con penas de hasta 24 años de prisión a quienes provoquen accidentes de tránsito con el fin de obtener beneficios económicos, práctica conocida como la de los “montachoques”.
La reforma, impulsada por el diputado Octavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario de Morena, tipifica esta conducta como una forma de extorsión, al considerar que quienes la cometen actúan de manera intencional, simulan ser víctimas y recurren a amenazas para exigir dinero a las personas afectadas.
Endurecen penas con agravantes
El dictamen aprobado por el Pleno de la LXII Legislatura establece sanciones de hasta 12 años de prisión y mil 500 días multa por el delito de extorsión. Sin embargo, cuando el acto se cometa en contra de personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres o personas en situación de vulnerabilidad, la pena se duplicará, alcanzando hasta 24 años de cárcel y 3 mil días multa.
La modificación al Código Penal mexiquense tiene como objetivo proteger el derecho de las personas a transitar con seguridad por las vías públicas, así como prevenir actos de extorsión y violencia vial que han generado preocupación social, especialmente en zonas urbanas del estado.
Un delito en aumento
En la exposición de motivos, Martínez Vargas señaló que en los últimos años se ha registrado un incremento de este tipo de delitos, generalmente perpetrados por grupos organizados que provocan colisiones vehiculares de forma premeditada. Después, mediante amenazas o engaños, exigen compensaciones económicas a los conductores, afectando tanto su patrimonio como su integridad física.
El legislador subrayó que el Estado de México se coloca entre las primeras entidades del país en legislar sobre este fenómeno, junto con la Ciudad de México y Morelos, donde ya existen sanciones similares.
Respaldan la medida diversas fuerzas políticas
Durante la sesión, la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio, del PAN y presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, destacó que el dictamen reconoce la práctica de los “montachoques” como un acto de extorsión agravada que puede implicar otros delitos, como daños materiales, lesiones o amenazas.
El legislador Mariano Camacho San Martín, del PRI, coincidió en que esta reforma representa un avance en materia de seguridad vial y justicia penal, al ofrecer herramientas legales más firmes para sancionar a quienes operan bajo este esquema delictivo.
Prevención y seguridad vial
El documento aprobado también subraya la necesidad de fortalecer la cultura de la prevención y la seguridad vial, además de promover mecanismos de denuncia accesibles y procesos judiciales más eficaces para proteger a las víctimas.
Con esta reforma, el Congreso mexiquense busca enviar un mensaje claro contra la impunidad y consolidar una legislación que castigue de manera ejemplar a quienes pongan en riesgo la seguridad de los conductores mediante prácticas fraudulentas.
