La LXII Legislatura del Estado de México dio un paso decisivo en la protección de niñas, niños y adolescentes al aprobar en comisiones penas de hasta 15 años de cárcel contra quienes promuevan, obliguen o faciliten el matrimonio infantil o la cohabitación forzada con menores de edad.
Endurecen sanciones y amplían supuestos del delito
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense avaló reformas al Código Penal estatal que establecen penas de cinco a diez años de prisión y de mil a cuatro mil días multa para quien obligue, induzca, gestione o consienta uniones forzadas con personas menores de edad.
Las sanciones podrán incrementarse hasta la mitad —es decir, alcanzar los 15 años de prisión y seis mil días multa— si el delito se comete con violencia, contra menores con discapacidad, o pertenecientes a pueblos indígenas o comunidades afromexicanas.
Responsabilidad incluso para padres o tutores
El dictamen, impulsado por los diputados Pablo Fernández de Cevallos González y Anuar Roberto Azar Figueroa, del PAN, establece que las penas aplicarán incluso cuando sean los propios padres o madres quienes promuevan o permitan la unión forzada.
También contempla sanciones para quienes fomenten este tipo de prácticas entre personas menores de edad o entre un menor y un adulto, independientemente de si existe o no un beneficio económico.
Durante la sesión, presidida por la legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), se subrayó que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de las personas menores de edad y erradicar cualquier forma de abuso o práctica que vulnere su dignidad.
El diputado Vladimir Hernández Villegas (Morena), encargado de dar lectura al dictamen, explicó que la propuesta refuerza el compromiso de la Legislatura con una visión humanista y de protección integral, al reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos.
Coinciden legisladores en fortalecer la protección a menores
El congresista Octavio Martínez Vargas (Morena) destacó la inclusión de aportaciones de distintos grupos parlamentarios para perfeccionar la reforma, y recordó que el matrimonio infantil está vinculado con el embarazo adolescente y la interrupción de la formación académica de los jóvenes.
Por su parte, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) señaló que la iniciativa no solo aumenta las penas, sino que incorpora agravantes específicas para proteger a sectores históricamente vulnerables, como personas con discapacidad, indígenas y afromexicanas.
Con esta aprobación en comisiones, el Congreso mexiquense avanza hacia la consolidación de un marco jurídico más severo y protector frente al matrimonio infantil, una práctica que, pese a estar prohibida, sigue registrándose en algunas regiones del Estado de México.
El dictamen será turnado al Pleno de la Legislatura para su discusión y votación final en los próximos días.
