El Congreso del Estado de México concluyó el análisis de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez con la comparecencia de la secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés.

Durante el ejercicio, diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas evaluaron los avances y desafíos del sector rural en la entidad, destacando tanto los logros del actual modelo de desarrollo agropecuario como las problemáticas que persisten en materia de seguridad, acceso a programas y sustentabilidad ambiental.

Reconocen inversión y nuevo modelo rural

Las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reconocieron la inversión que el gobierno estatal ha destinado al campo, así como la implementación de un modelo rural que busca mayor justicia social, productividad y sostenibilidad. Legisladoras de Morena subrayaron la importancia de rescatar la productividad agrícola, mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales y fomentar la participación de jóvenes en actividades agropecuarias para asegurar el relevo generacional.

El PVEM valoró el trabajo en materia acuícola y el combate a la tala ilegal. La diputada Gloria Vanessa Linares Zetina pidió intensificar las acciones para frenar la pérdida de bosques, particularmente en municipios como Ocuilan y en el Nevado de Toluca. Además, propuso aplicar el programa Sembrando Vida en zonas con mayor deforestación y destinar recursos a servicios ambientales.

Cuestionamientos sobre apoyos y seguridad rural

Desde la oposición, el Partido Acción Nacional (PAN) expresó preocupación por la inseguridad que enfrentan las y los productores, especialmente por casos de extorsión. La diputada Krishna Karina Romero Velázquez pidió conocer las estrategias para revertir esta situación y fortalecer la rentabilidad del sector. También cuestionó la atención a municipios en temas como bordos, caminos saca cosecha y desazolves, así como los mecanismos de apoyo a productores afectados por fenómenos climáticos.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitaron mayor claridad sobre los criterios para otorgar apoyos, los resultados en productividad y el impacto real de los programas institucionales. El PRD además pidió información sobre los indicadores de rentabilidad y el número de personas beneficiadas, al tiempo que señaló posibles condicionamientos políticos para acceder a maquinaria o incentivos.

Por su parte, Movimiento Ciudadano (MC) lamentó el rezago estructural del campo mexiquense y la pérdida de su peso económico. Su bancada llamó a integrar una política de desarrollo rural que combine inversión productiva, manejo sustentable del agua, bioeconomía forestal y protección social focalizada.

Avances y pendientes expuestos por la Secretaría del Campo

En su intervención, la secretaria María Eugenia Rojano destacó que el valor de la producción agropecuaria en el Estado de México superó los 42 mil millones de pesos, y que la participación del sector primario en el Producto Interno Bruto estatal aumentó. Informó que durante el último año se entregaron 29 mil apoyos adicionales, beneficiando indirectamente a más de 170 mil personas.

A través del programa Transformando el Campo, dijo, se apoyó a 11 mil 859 productoras y productores, mientras que más de 6 mil 300 recibieron insumos como biofertilizantes y semillas para fortalecer 19 mil hectáreas. También se entregaron 322 tractores y más de mil implementos agrícolas para mejorar la mecanización rural.

Respecto a las preocupaciones de las y los legisladores, Rojano aclaró que la Secretaría de Seguridad es la instancia responsable de atender las extorsiones en zonas rurales, y que la tala clandestina corresponde principalmente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Reconoció, sin embargo, que el sector agrícola ha enfrentado un largo periodo de abandono institucional, problemas de acceso al agua, degradación del suelo y una brecha tecnológica creciente.

Un sector clave para el desarrollo

La presidenta de la Directiva de la LXII Legislatura, Martha Azucena Camacho Reynoso, destacó que el análisis legislativo refuerza la transparencia y permite medir los avances de una dependencia esencial para la seguridad alimentaria, el desarrollo económico y el bienestar social.

El ejercicio parlamentario concluyó con coincidencias sobre la necesidad de mantener la inversión pública, fortalecer la sustentabilidad del campo mexiquense y garantizar que los programas lleguen de forma equitativa a las y los productores, sin intermediarios ni exclusiones.