Este jueves se realizó una fuerte protesta en los cuarteles de la Ciudad de México y días atrás también se registró un incidente similar en la 35 Zona Militar en Guerrero, como parte de las protestas de estudiantes y de las familias de Ayotzinapa ante la total impunidad en la que prevalece el ejército mexicano y su situación en torno al caso Ayotzinapa.

A pesar de que desde algunos entornos se ha tratado de linchar el derecho a la protesta de los estudiantes, aquí hacemos un recuento de por qué los jóvenes y las familias están molestas y tienen argumentos para exigir de forma más contundente justicia y que den la cara los responsables.

1. El ocultamiento de información clave

Hasta el día de hoy, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sigue sin presentar los más de 800 folios relacionados al caso de Ayotzinapa, cuya existencia fue comprobada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que contiene información clave del caso.

Al día de hoy, con base en todas las investigaciones que se han hecho, se tiene plena certeza de que el ejército mexicano estaba monitoreando y siguiendo paso a paso a los estudiantes, incluso desde tiempo antes de aquel fatídico 26 de septiembre del 2014.

Es un hecho inaudito que hasta el 26 de septiembre se tiene total registro de las actividades que llevaban a cabo los estudiantes en todo momento y lugar con lujo de detalle, pero justo en las horas críticas donde se consuma su secuestro y desaparición forzada, el rastro se pierde.

Se pierde en parte porque los folios que documentan toda esta información fueron escondidos, retirados y a la fecha siguen sin ser presentados por el Ejército Mexicano.

El GIEI documentó también que el ejército sigue sin presentar fotografías de las cuales se tiene plena certeza que existen. Por ejemplo, uno de los OBI’s (agentes militares) que estuvieron siguiendo a los jóvenes esa noche, que presentó un par de fotografías de los hechos en Iguala, con base en el folio de las imágenes, se puede establecer que había decenas de fotografías más, las cuales no han sido presentadas hasta la fecha.

También faltan declaraciones de civiles y militares que fueron recopiladas por el ejército y que siguen sin ser presentadas.

El ejército tampoco ha reportado dónde quedaron las transcripciones de todas las comunicaciones que fueron interceptadas entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre, es decir, los momentos posteriores a la desaparición forzada. Esta es una situación también sumamente grave, pues al día de hoy ya se ha documentado que el ejército estaba interviniendo comunicaciones de miembros de Guerreros Unidos al menos desde 2011 y, misteriosamente, justo de esos días posteriores a estos graves hechos de la desaparición de estudiantes, no existen todas las transcripciones que deberían estar y que fueron documentadas por el ejército.

También vale la pena señalar que tampoco ha aclarado por qué no intervino años antes a este grupo delictivo si ya tenía y daba amplio seguimiento a sus actividades criminales. Esto desde luego se explica en parte por la relación que precisamente tenían con el crimen organizado, altos mandos del ejército como el mismo capitán José Martínez Crespo, el militar de más alto rango que estuvo presencialmente aquella noche.

2. Encubrimiento sistémico

La molestia de los jóvenes de Ayotzinapa está plenamente justificada porque no se trata de una mentira, un error, una equivocación de alguno o unos pocos militares. Se trata de una maquinación del más alto nivel para encubrir la verdad desde que iniciaron los hechos y hasta la fecha.

El ejército mexicano de forma sistemática ha mentido y al día de hoy se tiene plena certeza de ello, no solo a través de múltiples investigaciones periodísticas sino también a partir de indagatorias oficiales como las investigaciones de la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa y el GIEI, quienes documentaron con lujo de detalle la forma en que se mintió en múltiples ocasiones, obstaculizando así gravemente el curso de las investigaciones, más aún en su etapa crítica,

Al día de hoy, la Sedena sigue sin aclarar porqué no actuó, en hechos que eran de su competencia; cuando había disparos contra estudiantes y maniobras de la delincuencia organizada, atestiguadas y reportadas en vivo a través de una cadena de comunicación que llegaba hasta la región militar 35 en Chilpancingo, desde donde reportaba también a las oficinas de Lomas de Sotelo.

La Sedena, en ninguna de sus etapas involucradas, no ha aclarado tampoco bajo qué órdenes desviaron las cámaras en los momentos en que los estudiantes eran trasladados, así como tampoco las cortradicciones en relación a que no tenían personal suficiente ni ninguna petición de ayuda.

Cabe señalar que al día de hoy también está plenamente documentado, también con múltiples testigos, que el ejército tenía filtros instalados en los puertos de acceso a Iguala. Incluso no se permitía el paso y personas que viajaban en autobús tuvieron que hacer el tramo a pie debido a lo rígido de estos filtros. ¿Cómo es posible que a pesar de lo rígido de estos filtros el crimen organizado pudo llevarse a los estudiantes sin rastro ni objeción alguna de las Fuerzas Armadas? Son parte de las cuestiones que el ejército al día de hoy sigue sin aclarar.

3. Impunidad a altos mandos y relación con el crimen organizado

El ejército mexicano ha venido sistemáticamente tratando también de encubrir a altos mandos que participaron en estos hechos, comenzando desde luego con el general Salvador Cienfuegos, a quien no solo le exoneraron las acusaciones emitidas por la justicia de los Estados Unidos, donde se le acusaba de estar coludido con el cártel H2 de los Beltrán Leyva, aliado del cártel Jalisco Nueva Generación, sino que tampoco se le ha cuestionado que fue uno de los personajes clave que permitió que durante varios años se mantuviera la falsa retórica de la mal llamada «Verdad Histórica».

Es una contradicción muy grande que mientras a gente como Murillo Karam se le sigue manteniendo en prisión por esto, en el caso del más alto mando de la Sedena, se le concedió una total impunidad sin que sea siquiera considerado o llamado a declarar sobre estos hechos que denotan una manipulación al más alto nivel.

Y esto no fue solo en el sexenio de Peña Nieto; cabe recordar que documentos expuestos en 2021 revelaron que el secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de López Obrador, Luis Cresencio Sandoval, escribió una carta al presidente, pidiendo la liberación del capitán José Martínez Crespo y defendiendo su presunta inocencia.

Cabe recordar que al capitán Martínez Crespo no solamente documentaron que se burló de dos estudiantes asesinados y se jactó de que los iba a dejar muriéndose ahí en la calle después de que fueron baleados en la calle Juan N. Álvarez en Iguala, sino que además también se revelaron de él otras comunicaciones con miembros del crimen organizado, quienes le habrían estado realizando pagos periódicos como parte de un acuerdo concretamente con Guerreros Unidos, lo cual fue documentado incluso también con las intervenciones realizadas por la DEA.

A pesar de esto, el Ejército mexicano ha intentado sacarlo de prisión.

4. Impunidad en casos de ejecuciones posteriores al caso

No solo los hechos sucedidos aquellos días de septiembre y octubre de 2014 fueron sumamente graves, sino que también ha habido una cadena de asesinatos misteriosos de personas vinculadas a este caso.

Un reporte de la misma Comisión de la Verdad reveló que al menos hasta 2020 iban ya 26 ejecuciones. Entre ellas, se incluye por ejemplo, la del periodista Pablo Morrugares Paraguirre, quien fue uno de los que estuvo presente en el lugar de los hechos, precisamente en Juan N. Álvarez, quien atestiguó de viva voz el actuar de los militares y el desdén con el que trataron a los estudiantes que estaban siendo acribillados y masacrados por el crimen organizado. A Morrugares, lo ejecutaron con violencia, a pesar de que contaba con protección, en un caso que persiste en total impunidad.

Hasta ahora no se tiene una investigación amplia para aclarar todos estos casos y también su posible relación con el caso Ayotzinapa, lo que implicaría una investigación mucho más amplia.

5. La visión contrainsurgente

Cabe señalar también que el ejército tampoco ha aclarado por qué estaba espiando a los normalistas de Ayotzinapa y tenía al menos un estudiante infiltrado entre ellos.

Los estudiantes también siguen reclamando que el ejército mantiene contra ellos una visión contrainsurgente y de estigmatización continua, lo cual se ha denotado a través de múltiples agresiones y actos en su contra desde hace años.

Al día de hoy no existe tampoco una aclaración de por qué se espiaba a Ayotzinapa y si continúa también esta clase de espionaje con fines de contrainsurgencia.

De igual forma investigaciones recientes como el Informe Pascal revelado por Los Angeles Press este 2025, documentan como el ejército trató de desviar la atención de los puntos más graves, como lo fue precisamente la presencia de un militar infiltrado, así como también su participación en los hechos aquella noche.

También se han revelado nuevos detalles del celular de uno de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, Antonio Tizapa, y que terminó en manos de un policía del estado de Guerrero, en una situación que prevalece aún en total impunidad, puesto que al policía nunca se le investigó sobre este hecho que podría ser sumamente importante para tratar de descifrar qué fue lo que pasó con los jóvenes desaparecidos.

6. Falta de voluntad política

Tanto los estudiantes como las familias de Ayotzinapa han declarado abiertamente su decepción ante la nula voluntad política para resolver las implicaciones clave y exigir al ejército mexicano que aclare todos los cuestionamientos.

Esta falta de voluntad política que marcó al sexenio anterior también se denota con el hecho de los múltiples agravios que se hicieron en contra de la fiscalía especializada y que provocaron la renuncia del fiscal en el sexenio anterior, a pesar de que se empezaban a tener importantes avances.

También prácticamente propiciaron la expulsión del GIEI al no renovar el acuerdo de colaboración, tirando así por la borda otro de los esfuerzos más importantes e independientes que se estaban haciendo y que, a diferencia de los esfuerzos mínimos realizados por los gobierno federales, sí tenían el respaldo, el apoyo y la confianza de las familias víctimas de este caso.

Los estudiantes y las familias de Ayotzinapa, por supuesto que tienen motivos, no solo para pedir un sexenio más atento a sus exigencias, sino también para exigir un esclarecimiento contundente para que el ejército clarifique, y presente todos los documentos y evidencias faltantes.

Mientras siga sin cumplirse esta exigencia, que no solo es de una escuela, sino el sentir de gran parte del país, seguirá habiendo motivos para ir a buscar dentro del cuartel que sea necesario; en lo que es también un importante recordatorio, de que se han cumplido 11 años de impunidad de uno de los crímenes de estado más infames.

 

Fotos: @Tlachinollan