El delito de extorsión sigue siendo uno de los principales obstáculos para atraer inversiones, garantizar el crecimiento económico y mejorar la percepción de seguridad en el Estado de México.

Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), advirtió que el pago de derecho de piso, las llamadas de extorsión, las amenazas y el sobrecosto de productos e insumos han operado como un “arancel” que el sector productivo ha pagado durante años.

El Estado de México se mantiene entre las entidades con mayor incidencia de este delito, con más de mil 500 denuncias presentadas en lo que va del año.

“Para muchas unidades económicas, el pago de la extorsión se ha convertido en una segunda renta. Esto provoca cierre de negocios, pérdida de patrimonio y, en consecuencia, de empleos”, destacó Massud Martínez.

El dirigente empresarial subrayó que, con el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso federal, se abre la oportunidad de avanzar en la Ley General contra la Extorsión y en las acciones locales necesarias para atender esta problemática.

Uno de los principales retos, dijo, es recuperar la confianza ciudadana para incentivar la denuncia, que actualmente apenas alcanza el 0.2% de los delitos cometidos. Esta baja cifra limita la efectividad de las autoridades.

Massud también pidió a los gobiernos estatales destinar recursos a inteligencia, tecnología y campañas de difusión para promover la denuncia, así como homologar tipos penales, sanciones y fortalecer la línea 089. Advirtió, además, sobre la red de corrupción en centros penitenciarios, desde donde surgen muchos de estos delitos.

Datos del Observatorio Nacional de Seguridad señalan que, a nivel nacional, se registran en promedio 29 delitos de extorsión diarios, con una cifra negra de 96.7%, lo que evidencia que la magnitud del problema es mucho mayor.

La implementación de la Ley General contra la Extorsión requerirá reformas a la Constitución, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Contra la Delincuencia Organizada.

El llamado del sector empresarial es establecer un esfuerzo conjunto que garantice la seguridad de los denunciantes e impulse inversiones en inteligencia y tecnología que generen resultados medibles y visibles para la población.