Este martes 1 de julio, alrededor de las 7 de la mañana, Renato Romero, destacado activista y líder visible de movimientos sociales en Puebla, fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado. Romero, conocido por su lucha contra proyectos extractivistas en la región de la Cuenca Libres-Oriental, particularmente contra la empresa Granjas Carroll y la privatización del agua, fue trasladado a instalaciones ministeriales en un operativo que generó incertidumbre sobre su paradero durante varias horas.
Su esposa denunció su desaparición, hasta que finalmente se confirmó que se encontraba en un centro penitenciario en Cholula, bajo la causa penal 325/2025, acusado de daños materiales y despojo en el municipio de San Miguel Xoxtla.
Los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 28 de mayo, cuando un grupo de aproximadamente 30 personas protestó contra la empresa Concesiones Integrales, conocida como Agua de Puebla, lanzando piedras a tuberías destinadas a transportar agua de la región hacia la capital del estado.
Esta acción, fue un reflejo del descontento de los habitantes de San Miguel Xoxtla, quienes han denunciado desde hace tiempo el desvío de recursos hídricos que consideran un despojo, especialmente tras enfrentar más un mes sin agua potable en la comunidad. Los pobladores argumentan que este proyecto agrava la escasez de agua y afecta gravemente su calidad de vida.
Cabe señalar que este conflicto se agudizó en semanas recientes, al grado que la organización comunitaria, coordinada a través del Consejo Ciudadano Defensores de la Tierra y el Agua de Xoxtla, decidió cerrar el pozo el pasado mes de junio.
La lucha contra la privatización del agua en Puebla no es reciente. Desde 2013, la concesión otorgada por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle a Concesiones Integrales, una empresa sin experiencia previa en el sector hídrico, ha sido objeto de múltiples críticas y denuncias por irregularidades.
Según investigaciones, como la realizada por el Nodo de Derechos Humanos (nodho.net), esta empresa, vinculada a Hermes Infraestructura (propiedad de Carlos Hank González, con un 56.55% de participación accionaria), opera bajo un esquema cuestionado. Incluso la Auditoría Superior de la Federación ha documentado sanciones por operaciones irregulares, comparadas con el esquema de la “Estafa Maestra”. A pesar de las críticas, la empresa ha continuado sus actividades, nombrando recientemente a Jordi Bosch Bragado como director tras la renuncia de Héctor Durán, envuelto en investigaciones por irregularidades ante el SAT.
A pesar de estas ilegalidades cometidas por la empresa, el actual gobernador, Alejandro Armenta, quien años atrás calificó a esta concesión como “un saqueo ilegal de recursos”, parece ahora defender los intereses de la empresa, lo que ha generado tensiones con las comunidades afectadas. La detención de Renato Romero, quien cuenta con medidas de protección del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (CEDOF), está siendo interpretada como un intento de criminalizar a los líderes sociales que se oponen a estos proyectos.
La captura de Romero desató una respuesta inmediata de más de 15 organizaciones sociales, incluyendo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Colectivo Diente de León, que exigieron su liberación inmediata y la protección de los defensores de derechos humanos y del medio ambiente en la Cuenca Libres-Oriental. También demandaron la suspensión de proyectos que amenacen los recursos naturales y la biodiversidad de la región.
El caso de Renato Romero no es aislado. El poder judicial ha empleado tácticas similares en el pasado para silenciar a activistas, utilizando acusaciones graves como el delito de despojo, que conlleva penas de varios años de prisión. Estas acciones de criminalización, tendrían por objeto la inhabilitación de líderes sociales y desarticular movimientos populares que defienden el derecho al agua y al territorio frente al avance de proyectos extractivistas.
La controversia ha trascendido las fronteras de Puebla, generando pronunciamientos nacionales e internacionales que condenan este atentado contra el derecho a la protesta.
La detención de Romero pone en evidencia un conflicto más amplio: la lucha por la defensa de los recursos naturales frente a intereses privados y la criminalización de quienes alzan la voz. Las comunidades de la Cuenca Libres-Oriental y San Miguel Xoxtla continúan organizándose, exigiendo justicia y el respeto a su derecho al agua, mientras el caso de Renato Romero se convierte en un símbolo de resistencia frente a la privatización y el despojo.
