El abogado y crítico de la corrupción, Paulo Díez Gargari, logró una victoria legal significativa al ser absuelto por un tribunal mexicano de los cargos por daño moral que la constructora Aleatica intentó imponerle.

Este fallo, detallado en un documento judicial y anunciado por Gargari en su cuenta de X este 13 de marzo de 2025, pone fin a una batalla legal en la que Aleatica, una importante empresa de infraestructura, lo acusaba por sus manifestaciones públicas sobre la corrupción relacionada con el Viaducto Bicentenario, una carretera de peaje clave en México.

El caso tiene sus raíces en las acusaciones de Gargari contra Aleatica, anteriormente conocida como OHL México, por presuntas prácticas corruptas y beneficios ilegales derivados de la explotación del Viaducto Bicentenario.

Gargari y otros ciudadanos han protestado contra las operaciones de la empresa, argumentando que Aleatica genera ganancias millonarias, cerca de 45 millones de dólares en 2019, a través de un sistema de peajes que consideran ilegítimo. El abogado ha insistido en que la concesión otorgada a Aleatica durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México no es válida, una afirmación respaldada por sentencias judiciales que reconocen al Viaducto como un bien de la nación, según un artículo de El Financiero publicado el 10 de junio de 2024.

El fallo judicial absuelve a Gargari de todas las pretensiones ilegales de Aleatica, concluyendo que no existe daño moral derivado de sus declaraciones, como lo demuestra el documento oficial de la sentencia presentado por el abogado.

Este triunfo legal no solo representa una victoria personal para Gargari, quien describe el costo personal de la batalla como alto pero valioso, sino que también resalta las tensiones entre las empresas privadas de infraestructura y la rendición de cuentas pública en México.

En su publicación, Gargari enfatizó que continuará resistiendo férreamente a lo que describe como prácticas corruptas y arbitrarias de Aleatica, mientras advierte que la empresa podría estar planeando estrategias legales oscuras para apelar la decisión en instancias superiores.

Por su parte, Aleatica defiende la legalidad de sus operaciones en el Viaducto Bicentenario, argumentando en un comunicado de su sitio web del 17 de abril de 2024 que la carretera fue construida bajo un título de concesión otorgado por el gobierno del Estado de México hace casi 16 años, regulado por la legislación local y las disposiciones de la concesión misma. Sin embargo, estas afirmaciones han sido cuestionadas por Gargari y otros críticos, quienes ven en la concesión un caso emblemático de abuso corporativo.

Este caso se desarrolla en un contexto de creciente debate sobre la reforma judicial en México, donde el sistema judicial enfrenta acusaciones de corrupción, nepotismo y sumisión a intereses económicos. Según un análisis del Wilson Center publicado en 2024, el poder judicial mexicano recibió 391 quejas por corrupción y nepotismo en 2023, sin que ninguna haya resultado en la destitución de jueces, lo que refleja una profunda falta de confianza ciudadana en el sistema.

La absolución de Gargari podría inspirar mayor resistencia ciudadana contra lo que perciben como excesos corporativos, al tiempo que Aleatica prepara una posible apelación, lo que podría prolongar y escalar este enfrentamiento legal.

En su mensaje, Gargari también cuestionó al Gobierno Federal sobre por qué no ha tomado medidas para recuperar el Viaducto Bicentenario en beneficio de la nación, dejando en el aire una pregunta que resuena en el debate público sobre la gestión de la infraestructura nacional y el papel de las empresas privadas en ella.