México llevó a cabo una operación histórica al entregar a 29 convictos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado a Estados Unidos. Este traslado, que incluyó a figuras de alto perfil como Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales, líderes de Los Zetas, fue presentado por las autoridades mexicanas como una medida de seguridad nacional sin precedentes.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ofrecieron este viernes mayores detalles clave sobre este evento, destacando el marco legal, los motivos detrás de la decisión y las posibles implicaciones de esta acción.

Uno de los puntos más resaltados por García Harfuch fue la desvinculación total de la presidenta Claudia Sheinbaum de la decisión de trasladar a los 29 convictos. «Esta fue una decisión del gabinete de Seguridad. Fue una decisión colegiada del gabinete de Seguridad que se tomó donde no tiene que ver la señora presidenta de la República», afirmó el secretario.

Según Harfuch, la determinación fue tomada por un grupo integrado por la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), bajo un análisis conjunto que priorizó la seguridad nacional y la cooperación con Estados Unidos.

Esta aclaración busca deslindar a la mandataria de cualquier percepción de intervención directa, enmarcando la operación como un esfuerzo técnico y operativo del aparato de seguridad mexicano. La declaración también podría interpretarse como un intento de proteger la imagen de Sheinbaum en medio de un contexto político delicado, especialmente ante las negociaciones bilaterales con el gobierno de Donald Trump.

El traslado de los 29 convictos no se realizó bajo los procedimientos tradicionales de extradición, sino que se fundamentó en la Ley de Seguridad Nacional de México, específicamente en su artículo quinto, y en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Alejandro Gertz Manero explicó que «no se está aplicando ninguna ley de extradición», sino que la acción respondió a una solicitud formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, justificada por razones de seguridad nacional de ambos países.

Gertz Manero subrayó que esta solicitud fue recibida por escrito y que, en cuestión de horas, el Consejo de Seguridad Nacional evaluó las bases jurídicas y procedió con el traslado.

«Es un acto de autoridad que no tiene antecedentes», afirmó García Harfuch, destacando que la operación se llevó a cabo en apego a los protocolos institucionales y con respeto a los derechos fundamentales de los trasladados. Este enfoque permitió sortear obstáculos judiciales, como amparos que algunos de los convictos habían obtenido para evitar su extradición, y agilizar una entrega que, en algunos casos, Estados Unidos había solicitado durante décadas.

La logística del traslado fue monumental. Según García Harfuch, participaron 3,512 elementos de diversas instituciones, incluyendo la Sedena, la Semar, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la FGR. Se emplearon 342 vehículos y 20 aeronaves, de las cuales ocho —cinco de la Sedena y tres de la Semar— trasladaron a los convictos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a siete destinos en Estados Unidos, entre ellos Washington D.C.

Los reos, provenientes de nueve centros penitenciarios federales y dos locales, fueron custodiados bajo estrictas medidas de seguridad, y las autoridades aseguraron que no se registraron incidentes durante la operación.

El secretario destacó que el traslado se justificó en parte porque existía el riesgo de que algunos de estos criminales fueran liberados o sus procesos de extradición se retrasaran debido a «acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos». Esta acusación generó una respuesta inmediata del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que rechazó las insinuaciones y exigió a Harfuch presentar pruebas legales si las tenía.

La entrega de los 29 convictos ocurre en un momento crítico de las relaciones entre México y Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump ha presionado a México para mostrar resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de fentanilo, bajo la amenaza de imponer aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas a partir del 4 de marzo de 2025.

La operación coincidió con una visita de alto nivel de funcionarios mexicanos a Washington, lo que sugiere que podría ser un gesto estratégico para fortalecer la cooperación bilateral y evitar sanciones económicas.