La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres Torres, enfrentan la revocación de sus visas de no inmigrante por parte del gobierno de Estados Unidos, un hecho que ha desatado reacciones encontradas y especulaciones en el ámbito político local y nacional.

El caso salió a la luz el pasado 10 de mayo, cuando Torres Torres anunció en su cuenta de Facebook que había sido notificado de la cancelación de su visa, describiéndolo como una «decisión administrativa» del Departamento de Estado que, según él, no implica una acusación o investigación en su contra.

Horas después, la gobernadora Ávila Olmeda confirmó en la misma red social que también recibió una notificación similar, aunque evitó precisar si su visa fue formalmente revocada. «Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar. Estoy segura y confío plenamente en que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos», escribió, destacando su respaldo moral y político a su esposo.

Ávila Olmeda ha insistido en que la revocación es un asunto administrativo y no refleja la comisión de un delito. En declaraciones posteriores, señaló: «No me define lo que tengo, ni los permisos que me otorguen o me retiren», y calificó las críticas como producto de «desesperación y odio» de sus adversarios políticos. Sin embargo, la mandataria ha reconocido desconocer las razones específicas detrás de la decisión estadounidense.

Por su parte, un reporte del semanario ZETA revela detalles que contrastan con la versión de Torres Torres. Según fuentes estadounidenses citadas por el medio, el esposo de la gobernadora intentó cruzar la frontera por la garita de Tijuana hace aproximadamente dos semanas, cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectaron una alerta del Departamento de Estado. Tras una inspección secundaria, se le informó que su visa de turista había sido cancelada y se le impidió el ingreso, sin recibir explicación alguna.

En el caso de Ávila Olmeda, la notificación se realizó por vía consular, en un gesto de cortesía por su investidura, para evitar un incidente público en la frontera. ZETA señala que la medida responde a una investigación en curso, posiblemente vinculada a relaciones con grupos ilícitos, aunque no se especificaron detalles.

El hecho ha generado un intenso debate político. El Partido Acción Nacional (PAN), a través de su grupo parlamentario en el Senado, exigió a la gobernadora una «explicación precisa y contundente» sobre las razones de la revocación, argumentando que plantea «serias interrogantes sobre la integridad y la ética en el ejercicio del poder». El PRI en Baja California también solicitó la renuncia de Torres Torres como coordinador de Proyectos Estratégicos y demandó transparencia sobre el caso.

En contraste, legisladores de Morena en la Cámara de Diputados defendieron a Ávila Olmeda, acusando a la oposición de politizar un asunto administrativo y generar «narrativas falsas y desestabilizadoras».

La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, expresó que el gobierno mexicano no fue informado oficialmente por Estados Unidos sobre las revocaciones y urgió una mayor coordinación bilateral. «Vamos a esperar la información de por qué fueron retiradas. No sabemos cuál es la causa», afirmó.