El 29 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó la Ley Laken Riley, marcando su primera acción legislativa en su nuevo mandato y enviando un claro mensaje sobre su enfoque hacia la inmigración ilegal en Estados Unidos. Esta legislación, nombrada en honor a Laken Riley, una estudiante de enfermería de Georgia asesinada en 2024 por un migrante indocumentado, ha sido uno de los temas más polémicos y discutidos en el Congreso recientemente.
La Ley Laken Riley busca endurecer las políticas migratorias al exigir la detención y posible deportación de migrantes indocumentados que sean acusados de delitos como robo o crímenes violentos, incluso antes de ser condenados. Esta medida fue aprobada con una notable rapidez por un Congreso dominado por los republicanos, aunque también contó con el apoyo de algunos demócratas, lo cual resalta una división dentro del partido sobre el tema de la inmigración.
El propósito principal de la ley es ampliar la lista de actos criminales que desencadenan la detención obligatoria por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ahora, los inmigrantes acusados de delitos menores como hurto en tiendas o agresión a un agente de policía podrán ser detenidos, lo que anteriormente no estaba contemplado de manera tan explícita. Además, la ley otorga a los fiscales generales estatales la capacidad de demandar al gobierno federal si consideran que las políticas migratorias están causando daño a sus estados.
Durante la ceremonia de firma en la Casa Blanca, Trump destacó la importancia de este acto legislativo como un paso hacia la restauración del «Estado de derecho» en el país y como un medio para proteger a los ciudadanos estadounidenses de la criminalidad asociada con la inmigración ilegal. «Con la acción de hoy, mantendremos viva la memoria de Laken en nuestros corazones para siempre; su nombre también vivirá por siempre en las leyes de nuestro país», expresó el presidente, rodeado por los padres de Laken Riley y otros invitados.
Sin embargo, la ley no ha estado exenta de críticas. Grupos de defensa de los derechos de los migrantes y organizaciones como la ACLU han advertido que la ley podría conducir a detenciones masivas y violar los derechos de los migrantes, especialmente aquellos no condenados por delitos graves. Críticos apuntan que la legislación podría servir como un pretexto para fortalecer un sistema de deportación masiva, ignorando el debido proceso y presunción de inocencia.
La firma de la Ley Laken Riley por parte de Trump también ha sido vista como parte de una estrategia más amplia para apelar a su base política, centrando su mandato en políticas de mano dura contra la inmigración ilegal. Con un aumento en las capacidades de detención y la promesa de deportaciones masivas, la administración Trump se prepara para uno de los cambios más significativos en la política migratoria de Estados Unidos en años recientes.
Imagen ilustrativa generada vía Grok