En las últimas horas, Estados Unidos ha iniciado lo que parece ser una nueva fase de deportación de migrantes bajo la administración del presidente Donald Trump, quien juró su cargo como el 47° presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2025. Este movimiento se alinea con las promesas de campaña de Trump de llevar a cabo una deportación masiva de migrantes indocumentados.

El proceso de deportación ha comenzado con la utilización de aviones militares para trasladar a los migrantes. Según reportes recientes, se han organizado vuelos desde bases militares como el Biggs Army Air Field, con destino hacia países como Guatemala. Los primeros vuelos han llevado entre 75 y 80 personas repatriadas, marcando el inicio de lo que podría ser una serie de deportaciones de mayor escala.

Sin embargo, este proceso no ha estado exento de complicaciones. En un giro inesperado, México ha bloqueado el acceso de un avión militar estadounidense que estaba destinado a transportar migrantes deportados de vuelta a México. Esta acción ha sido confirmada por varios medios, incluyendo NBC News, que reportaron que las autoridades mexicanas se negaron a permitir que el avión aterrizara en su territorio.

Este bloqueo ocurre en un contexto de tensiones bilaterales, especialmente después de que Trump firmara decretos ejecutivos que incluyen declarar una emergencia nacional en la frontera con México y designar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. La respuesta de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido la de defender su soberanía, afirmando que cualquier acción en su territorio debe ser consensuada y no impuesta unilateralmente.

El vuelo en cuestión, un C-17, estaba preparado para deportar a migrantes, pero debido a la negativa de México, no pudo proceder según lo planeado. Esta situación ha generado un debate sobre la cooperación entre ambos países en temas de migración y seguridad fronteriza. La administración de Trump ha enfatizado la necesidad de medidas drásticas para controlar la inmigración ilegal, mientras que México busca proteger los derechos de los migrantes y negociar desde una posición de soberanía nacional.

La situación actual refleja las complejidades de la política migratoria entre dos naciones con una frontera compartida tan activa. Mientras Estados Unidos busca implementar su política de deportación, México muestra una resistencia clara a ser utilizado simplemente como un receptor de migrantes deportados sin un diálogo previo y mutuo acuerdo. Este incidente podría ser un preludio de mayores fricciones o, potencialmente, de una renegociación de acuerdos migratorios entre las dos naciones.

Estas acciones de las últimas horas subrayan no solo la política de «mano dura» de la administración Trump en materia de migración, sino también el estatus de México como un actor clave en la dinámica migratoria del continente. La diplomacia y la cooperación serán cruciales para manejar esta situación en los próximos días y meses.