El 18 de octubre del 2020, la activista de Xochistlahuaca, Guerrero, Kenia Hernández Montalván, fue detenida con lujo de violencia por agentes de la fiscalía mexiquense, para cumplir una orden de aprehensión por robo con violencia.
Kenia, una activista indígena amuzga, madre de familia, fue arrebatada violentamente de sus hijos y de su familia, porque una mega empresa, que es sinónimo de corrupción en México, OHL (actualmente Aleatica), la acusaba de «robo con violencia» en la caseta de Hortaliza-Valle de Bravo.
Los hechos que se le imputan ocurrieron en junio del 2020, cuando el Colectivo Libertario Zapata Vive, realizó una protesta en una autopista concesionada a OHL, y dejó pasar a los vehículos libremente, para pedir la liberación de dos jóvenes de este mismo colectivo que habían sido detenidos arbitrariamente semanas atrás; esta protesta social, fue el presunto «robo con violencia».
Cabe señalar que la fiscalía mexiquense, durante el juicio, ni siquiera logró demostrar que Kenia Hernández estuviera en el lugar de los hechos; de hecho su defensa demostró que se encontraba a cientos de kilómetros de distancia, no obstante que por ser la cara visible de la organización, y con el objetivo de inhibir este tipo de actos de protesta, es que se emprendió una insólita cruzada legal en su contra, donde se han fabricado múltiples delitos, y se han abierto al menos 9 causas penales en su contra, buscando mantenerla presa a toda costa.
Hoy, acumula 4 años en prisión, y le quedarían todavía 16 más de cárcel, a pesar de que múltiples organismos internacionales han documentado las graves irregularidades en este caso, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Lara Duque, expuso esta semana un fragmento de un video de una audiencia, donde representantes de Caminos y Puentes Federales (Capufe), una dependencia federal, celebra la condena en contra de la activista, afirmando que esta sanción podrá inhibir esta clase de protestas, que ya se estaban replicando en diversos estados, y que atentan, así sea de forma insignificante, contra las finanzas de las millonarias corporaciones que hay detrás de las concesiones carreteras.
En unos días se cumplen 4 años de injusto encarcelamiento de #KeniaHernandez
La @CAPUFE ha usado a la defensora indígena como un escarmiento a la protesta en 🇲🇽@Aleatica_Global a través de sus personeros insiste en que la defensora indígena es un "riesgo para la comunidad" 👇🏾 pic.twitter.com/bKeCPAEXib
— Antonio Lara Duque (@laraduquea) October 15, 2024
Es decir, Kenia Hernández, fue el intento de estado, por criminalizar la protesta social en carreteras, y tratar de poner un alto, por orden de las empresas concesionarias, las cuales, se ha demostrado en múltiples ocasiones, mantienen una relación de corrupción con diversos funcionarios y dependencia de gobierno.
Por ejemplo, hace unos meses, la organización de derechos humanos ACAT-Francia, tras una investigación propia, denunció las relaciones de poder que derivaron en la injusta condena en contra de Kenia Hernández: «Este exfuncionario (Julio Scherer Ibarra) estaría vinculado tanto a las empresas que iniciaron dos procesos judiciales contra Kenia Hernández -Aleatica y COCONAL, SAPI de CV- como a las autoridades que actuaron para la criminalización de la defensora, a saber, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En efecto, Scherer se benefició económicamente del archivo del proceso judicial contra Aleatica, acusada de haber obtenido irregularmente la concesión de una de las carreteras otorgadas a la empresa«.
Al parecer, esta estrategia de criminalización de la protesta social, ni siquiera habría dado grandes resultados a los perpetradores, pues desde entonces, se siguen realizando a lo largo de todo el país, múltiples manifestaciones de este tipo, e incluso, en algunos casos, son realizadas por los mismos encargados de la impartición de justicia, como sucedió hace escasas semanas en el Estado de México, donde empleados del Poder Judicial también dieron paso libre en casetas de peaje para protestar por la reforma judicial.
Sobre Kenia Hernández, incluso el ex presidente López Obrador, se manifestó en 2022 por revisar el caso, no obstante que, tal y como le informó el periodista de Contraviento en su penúltima ‘mañanera’, han sido las mismas instituciones federales, las que se han negado a revisar el caso.
La activista amuzga, que recientemente fue agredida también al interior del penal de Chiconautla en Ecatepec, ha visto gravemente deteriorada su salud, y sigue siendo un emblema vivo, de como la corrupción, el clientelismo y la criminalización del activismo, siguen persistiendo en este país.
Es así que en el marco del cuarto aniversario de su detención ilegal, decenas de organizaciones nacionales e internacionales, han emitido un llamamiento dirigido a diversas autoridades de México, comenzando por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, donde además de reiterarle la dimensión de la injusticia cometida contra Kenia Hernández, solicitan de forma concreta:
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Pedimos que se salde la deuda histórica que hay con Kenia Hernández y se dé fin a este encierro de 4 años a la que ha sido sometida por ser “insumisa”, como ha sido calificada por las autoridades del Estado;
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Garantizar la seguridad, integridad física y el bienestar psicológico de Kenia Hernández, así como del conjunto de personas defensoras privadas injustamente de su libertad;
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Garantizar el derecho al debido proceso de Kenia Hernández, con perspectiva de género y de derechos humanos, así como otorgar una reparación por los perjuicios causados en su contra como resultado del continuo hostigamiento judicial y de las violaciones a sus derechos al debido proceso y a un juicio justo;
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Poner fin de inmediato a la política de criminalización en contra de las personas defensoras de derechos humanos en México, particularmente en contra de las mujeres indígenas defensoras de derechos humanos.
Imagen de portada. La Chinanpera por @_america.libre_
