Este jueves, padres y madres de los jóvenes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, emitieron una conferencia de prensa urgente, para responder acerca de diversos señalamientos que se han vertido de parte del gobierno federal en días recientes, para clarificar su postura, y para denunciar la forma en la cual se están conduciendo instituciones gubernamentales, posiblemente involucradas en los hechos y en el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad.
¿Que no hay evidencias contra el Ejército?
Después de que el presidente López Obrador, señalara en días pasados, que no había una sola evidencia que involucrara el ejército mexicano en los hechos sucedidos el 26 de septiembre del 2014, y de que ellos estaban colaborando plenamente en las investigaciones, las familias de los desaparecidos salieron a disentir de esta posición, y exponer sus motivaciones.
Mario González, padre de uno de los desaparecidos, denunció que de los 800 folios que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó que existían y que podían estar relacionados con el caso, finalmente la Secretaría de la Defensa Nacional, en su más reciente entrega de información, y tras años de insistentes exigencias para que los documentos sean presentados, entregó un reporte únicamente con 15 de esos folios faltantes.
No solo existe una gran cantidad de información que sigue sin ser presentada, sino que además, con los datos de esos 15 folios, se ratifica la necesidad de presentar la documentación faltante, pues se señalan indicios importantes del posible paradero de los estudiantes, que no han sido investigados.
Un ejemplo de ello, es la transcripción de una conversación interceptada de dos involucrados en los hechos, y donde uno le pregunta al otro, si «ya se encontraron los cuerpos de la laguna», una situación importante, toda vez que no se tiene certeza de qué laguna están hablando, y si se realizaron mayores investigaciones al respecto.
Entre los elementos importantes que falta por clarificar, y que también fueron explicados por los representantes de las organizaciones que acompañan a las familias, destaca el relato de un testigo, incluido en la misma investigación oficial del caso, que refiere que 25 estudiantes fueron trasladados a las instalaciones del 27 Batallón de Iguala esa misma noche que desaparecieron, información que de igual forma se encuentra truncada, ante la falta de expedientes clave en los registros del ejército mexicano.
Las padres cuestionaron además, que la misma Secretaría de la Defensa Nacional, ya no niega la existencia de tales documentos, sino que de forma unilateral y autoritaria, afirman, sin permitir la revisión independiente, que son documentos que «no tienen nada que ver con las investigaciones», o bien son temas de «seguridad nacional», y por tanto siguen rechazando aportar dichos folios a las indagatorias sobre el caso, generando así una conducta sospechosa, que más bien pareciera tratar de encubrir hechos clave relevantes, y que provocan de este modo el incomplimiento de la promesa presidencial, de que se intentaría llegar a la verdad y a la justicia.
A través de un comunicado posterior a la conferencia, las organizaciones Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar, Serapaz y Tlachinollan, tabién reiteraron que el ejército mexicano no ha explicado la causa de su infiltración previa en la Normal Rural de Ayotzinapa, ni tampoco las evidencias que señalan que criminales pertenecientes a la delincuencia organizada «actuaban impunemente en Iguala en connivencia con elementos del 27 Batallón desde antes del 26 de septiembre del 2014 y los señalamientos de al menos un testigo de identidad reservada que hablan de la posible participación por activa de algunos militares en la propia desaparición».
Actuando a lo Murillo Karam
Hilda Hernández, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, también fue tajante en denunciar el curso que están tomando las investigaciones del fiscal especializado Eduardo Medina, así como también de la Fiscalía General de la República, quien del mismo modo que hiciera la PGR de Murillo Karam, ha anunciado de forma tardía el hallazgo de presuntos restos relacionados con el caso, reportando únicamente que ya están realizado de forma unilateral sus propias investigaciones, sin tomar en cuenta a los padres, y con una metodología deficiente que ya antes ha arrojado resultados falsos.
Los padres de los desaparecidos, denuncian que la fiscalía está realizando por su propia cuenta análisis del tipo «ADN mitocondrial», a una serie de nuevos restos presuntamente encontrados por la misma dependencia, no obstante que sin permitir la intervención, ni de la Universidad de Medicina de Innsbruck, ni del Equipo Argentino de Antropología Forense, como se había acordado previamente.
Por tal motivo, los padres, no solo fueron tajantes en denunciar que tal conducta hace rememorar al sexenio anterior, donde de forma dolosa se plantaron falsas evidencias que después se intentó pasar como claves para el caso a través de la misma metodología, sino que además, adelantaron de forma contundente, que por tal motivo rechazarán todo resultado proveniente de una investigación unilateral de este tipo, donde no se permita la inspección de los expertos que realmente tienen prestigio, así como la confianza y el respaldo de las familias de las víctimas.
Los padres señalaron que este tipo de acciones, parecen encaminadas a generar algún mínimo resultado precipitado, quizá con el objetivo de que el sexenio que está a punto de terminar, no pase a la historia por sus nulos avances en las investigaciones del Caso Ayotzinapa.
Gobierno mexicano ataca a las familias
En voz de Clemente Rodríguez, el padre de otro de los normalistas desaparecidos, las familias también hicieron patente su desacuerdo, por el hecho de estar siendo objeto de ataques, calumnias y denostaciones, de parte del gobierno federal.
Las familias de los desaparecidos, reiteraron que ellos, nunca han tenido motivación política alguna, y al igual que el primer día de su lucha, solo siguen buscando la verdad que les permita saber en dónde están sus hijos, y qué fue lo que les sucedió.
Asimismo, refrendaron su respaldo para las organizaciones que los acompañan, quienes de igual manera han sido objeto de múltiples ataques e injurias de parte de representantes del gobierno federal, incluido el presidente de la república.
Justicia en peligro
Madres de los desaparecidos, también expresaron su inconformidad, por la continua liberación de militares involucrados en los hechos, una acción que ha venido siendo reiterativa en los últimos meses, y perpetrada de forma particular por la juez de Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien ha venido decretando la liberación de varios de militares que estaban involucrados en el caso.
Las familias denunciaron además su desacuerdo, por el hecho de que son abogados del mismo ejército mexicano, quienes están defendiendo a los militares involucrados; es decir «abogados pagados por el mismo pueblo», se quejó airadamente uno de los padres de los desaparecidos, reiterando su rechazo, a que el ejército mexicano se siga involucrando en el proceso judicial, a pesar de las fuertes evidencias que hay en su contra y de su negativa en colaborar como corresponde en las investigaciones.
Cristina Bautista, madre de un desaparecido, también reiteró el temor de que en próximas semanas pueda ser liberado José Luis Abarca, el ex alcalde de Iguala, toda vez que existe una amplia movilización de su defensa, y de que hasta la fecha, no hay ninguna condena en su contra por los hechos ocurridos entre la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014.
Las víctimas de uno de los casos más graves de violación a los derechos humanos en México en la historia, también reiteraron su petición de que la presidenta electa Claudia Sheinbaum, instruya el regreso del GIEI a las investigaciones, y que también se comprometa a dar continuidad con las indagatorias, así como también a dar respuesta a las múltiples incógnitas que prevalecen sobre el caso.
Las familias señalaron que escasos días antes de que termine el sexenio, se cumplirán 10 años del artero crimen, no obstante que denunciaron su inconformidad, porque el compromiso por llegar a la justicia, se ha quedado muy lejos de las promesas que se habían emitido años atrás, por lo que reiteraron que ellos mantendrán su lucha, para exigir que todos y cada uno de los responsables, sean presentados tarde o temprano ante la justicia.
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