Integrantes del colectivo Haz Valer Mi Libertad, quienes acompañan a las familias de decenas de personas «injustamente presas» en el Estado de México, instalaron un mercado popular en la Plaza de los Mártires de Toluca, con el objetivo de reunir los fondos necesarios para corromper al poder judicial del Estado de México.
Tomando el antecedente del ex presidente municipal de Toluca, Raymundo «N», quien a pesar de que se dio a la fuga por casi dos meses, se le concedió el «privilegio» de afrontar su proceso judicial por secuestro «en libertad», tras desembolsar un millón de pesos, las familias de los injustamente presos están buscando la forma de obtener recursos económicos, para alcanzar también este privilegio, que parece estar reservado solo para las familias de los ricos en el Estado de México.
Cabe señalar que a diferencia del ex alcalde, donde existen múltiples evidencias del posible delito de secuestro exprés, organizaciones de derechos humanos, como el Centro Zeferino Ladrillero (CDHZL), han documentado decenas de casos de personas que están en prisión, sin evidencias materiales en su contra, con procesos judiciales deficientes, o con acusaciones irrisorias, como el hecho de «ser moreno y estar sucio».
Estas organizaciones sociales, quienes de igual forma denuncian la pasividad y complicidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), encabezada por la señora Myrna García Morón, llevan meses acompañando la lucha legal y social de decenas de familias, quienes piden un trato justo, y un proceso legal realmente apegado a derecho, así como ser susceptibles también a obtener la amnistía, cuando se acreditan las condiciones establecidas, incluida la falta de un proceso legal justo y transparente.
La liberación de Raymundo «N», ha causado gran controversia, no solo a nivel nacional, sino que también ha sido un duro golpe para las familias de los injustamente presos del Estado de México, quienes reclaman que el poder judicial mantiene un trato diferenciado, otorgando privilegios insólitos a los ricos y poderosos, mientras que a los pobres no les garantiza ni siquiera un proceso justo, generando un atropellamiento continuo de sus derechos.
A pesar de que había una amenaza de prohibir todo intento de ambulantaje en el primer cuadro de la capital mexiquense, las familias de los presos y colectivos que acompañan, están defendiendo su derecho a la protesta, y se mantienen firmes, reiterando que no se moverán del plantón, hasta reunir todos los millones que sean necesarios para poder liberar a los injustamente presos, así sea a través de la corrupción, como viene realizando con total tranquilidad la clase política y «poderosa» del Estado de México.
