Integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) hicieron un llamado a la Secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde Medina, así como al gobernador de Oaxaca Salomón Jara, para implementar las medidas cautelares que fueron concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación a 144 familias truquis víctimas de desplazamiento forzado de la localidad de Tierra Blanca Copala, Oaxaca.
El pasado 01 de noviembre, por medio de la resolución 62/2023, la CIDH otorgó la medida cautelar en favor de familias que se encuentran desplazadas desde diciembre de 2020, debido al hostigamiento y agresiones de grupos paramilitares.
La CIDH solicitó al gobierno de México adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de las familias triquis que han sido desplazadas a la comunidad vecina de Yosoyuxi Copala.
De igual forma se hizo un llamado para informar acerca de las acciones que se han llevado a cabo para investigar estos hechos, determinar quienes han sido los responsables, así como la implementación de medidas de protección que eviten nuevas acciones que vulneren los derechos humanos básicos de los habitantes desplazados.
El MULTI, hizo también un llamado al estado mexicano, para atender a la brevedad posible esta resolución del reconocido organismo internacional.
A continuación el comunicado íntegro:
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dá la razón al pueblo triqui y otorga medidas cautelares a las 144 familias triquis (504 personas) víctimas de desplazamiento forzado interno de Tierra Blanca Copala, Oaxaca.
Exigimos a la Secretaria de SEGOB: Luisa Alcalde, al Subsecretario de la SEGOB: Félix Arturo Medina y al Gobernador de Oaxaca: Salomón Jara Cruz para que, a la brevedad pueda ser instalada una mesa de trabajo para la implementación de estas medidas cautelares.
El día 01 de noviembre del 2023, a través de la resolución número 62/2023, la CIDH otorgó la medida cautelar MC-279-22 a las 144 familias triquis originarias de Tierra Blanca Copala, las cuales en diciembre de 2020 fueron desplazadas por un grupo paramilitar y caciquil que opera en la región triqui. A través de esta medida, la CIDH solicitó al Estado Mexicano:
1. Adopte las medidas necesarias y culturalmente adecuadas, para salvaguardar la vida e integridad personal de las familias triquis de la comunidad de Tierra Blanca Copala que se encuentran desplazadas en la comunidad vecina de Yosoyuxi Copala. En particular, se solicita adoptar las medidas de seguridad que resulten necesarias y garantizar que puedan regresar de manera segura a su comunidad. 2. Concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y/o sus representantes; y 3. Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Esta acción por parte de la CIDH se suma a otros instrumentos nacionales que han buscado visibilizar la responsabilidad del Gobierno de Oaxaca y el Gobierno Federal en la prevención, atención y solución del fenómeno, como es el caso de la CNDH que en diversas ocasiones a emitido medidas cautelares y la recomendación 36/2022, además del Poder Judicial de la Federación que en julio del 2023, a través del amparo 1258/2022 fincaba responsabilidades al Estado Mexicano y le ordenaba retornar a las familias desplazadas. En ambos casos, los funcionarios aplicaron medidas dilatorias y rechazaron rotundamente generar acciones en favor de las víctimas desplazadas. Las medidas cautelares solicitadas por la CIDH refuerzan la demanda que hemos tenido como movimiento desde hace casi tres años: retorno seguro y justicia. Pues en sus puntos 1 y 3, solicitan al Estado Mexicano garantice el regreso de manera segura a las 144 familias desplazadas, se investigue y se sancione a los autores generadores de la violencia que dieron lugar al desplazamiento forzado de esta comunidad triqui y reitera que la impunidad y la falta de acción para investigar y sancionar actos de violencia pueden tener graves consecuencias e incluso provocar la repetición de estos hechos. A través de esta acción la CIDH ha podido corroborar la simulación con la que los funcionarios federales y estatales han tratado el tema, tales como las mesas de diálogo que han instalado desde febrero del 2021 pero que, desde su instalación hasta la fecha no han logrado el objetivo central, que es el retorno de los desplazados, además del encubrimiento, omisión y complicidad que han tenido con el grupo paramilitar y caciquil que opera en la región triqui a través de la violencia y el miedo.
Por lo tanto, como movimiento hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno para que, a la brevedad posible:
o Se posicionen públicamente con respecto a la adopción de la MC-279-22. o Se instale una mesa de trabajo del más alto nivel en donde participe la Secretaria de Gobernación: Luisa María Alcalde, el Subsecretario de DDHH: Félix Arturo Medina y el Gobernador de Oaxaca: Salomón Jara Cruz, a fin de implementar las medidas cautelares señaladas. o Se legisle la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en México.
Cabe recordarles a los funcionarios del Estado Mexicano que, cuentan con un periodo de 15 días hábiles a partir de la fecha de la resolución para informar sobre la adopción de las medidas cautelares.
Además, que, como movimiento estamos atentos a este proceso y de ser necesario, recurriremos a nuestra única arma de lucha que son las actividades de presión social para exigir que nuestros derechos sean respetados.
¡POR UN RETORNO SEGURO, CON JUSTICIA Y DIGNIDAD! ¡POR LA ADOPCIÓN DE LA MC 279-22 DE LA CIDH!
C O M B A T I V A M E N T E MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI INDEPENDIENTE
Desde la Cuna de la Resistencia Triqui; a 07 de noviembre de 2023″
