El asesinato y desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, es un crimen que continúa en curso, pues aunque los hechos fueron consumados hace años, en la actualidad, las instituciones del estado mexicano, incluidas las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como las agencias de inteligencia, continúan obstaculizando el acceso a la documentación clave, que podría finalmente dar respuesta a las familias de las víctimas; así lo expusieron los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) quienes este martes emitieron su Sexto y Último Informe sobre el caso.

Ángela Buitrago y Carlos Beristain, presentaron en conferencia de prensa un resumen y adelanto de lo expuesto en el Sexto Informe, que también se ha hecho hoy del conocimiento público, y donde se presentan avances acerca de las investigaciones sobre el caso, así como también un recuento general de lo sucedido, además de una denuncia abierta, que clarifica los motivos por los cuales han tomado la decisión de abandonar el país.

Los expertos, los dos únicos que se han mantenido en el cargo que originalmente tenía a 5 miembros, fueron enfáticos en insistir que la negación de parte de las instituciones del estado mexicano, de presentar documentos de los que se tiene certeza y registro, es el motivo por el cual están dando por finalizada su participación en el caso como comisión extrajudicial, aludiendo a que de esta forma no es posible continuar teniendo avances, como habían tenido desde 2015 que iniciaron sus investigaciones.

Aunque el gobierno actual de López Obrador, solicitó su reincorporación a las investigaciones con su llegada al poder, los expertos denunciaron que las instituciones actuales, no solo siguen obstaculizando las indagatorias, sino incluso realizando acciones flagrantes para evadir la rendición de cuentas, incluido un traslado de archivos de la Sedena, perpetrado recién en agosto del 2022, como un ejemplo de los múltiples esfuerzos permanentes del sector militar mexicano, por encubrir los hechos sucedidos entre la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014.

Como parte de la información relevante que se está entregando en este reporte final, destaca una reconstrucción de las ubicaciones de los militares que estuvieron presentes aquella noche, con base en los registros telefónicos de su ubicación, los cuales contradicen sus declaraciones ministeriales, y revelan que tuvieron una actividad mucho más persistente y activa, de la que han reconocido públicamente, y ante las autoridades judiciales, en los casos en los que se ha concretado su detención.

Los militares, no solo hicieron esfuerzos desde el primer momento para evadir la verdad, a partir de acciones como la orden de desviar las cámaras del C4, para evitar que grabaran el momento en que los jóvenes eran trasladados, o la desaparición de grabaciones clave del sistema de cámaras de Iguala, como el caso de los registros de la salida de Taxco o del Palacio de Justicia; también al día de hoy, siguen negando la realización de análisis y también de monitoreo, acerca de lo cual los expertos obtuvieron evidencia de que sí se realizó, considerando documentos oficiales escasos a los que lograron tener acceso tras una persistente búsqueda.

El GIEI, documentó además de forma amplia y detallada, las comunicaciones que se realizaron aquella noche en el sector militar, y donde estuvieron informados en tiempo real, no solo el Batallón 27 de Infantería de Iguala, sino también la región 9 y la zona militar 35, con sede en Chilpancingo, y el Batallón 41 de Tololoapan, cuyo coronel hoy está preso, investigado también por su relación con el crimen organizado.

Por primera vez, también en este reporte, acerca del cual están entregando un peritaje a la fiscalía especializada, documentaron de igual forma la presencia de agentes del CISEN en el lugar de los hechos, así como también la existencia de reportes y comunicaciones, mismos que a la fecha continúan, al igual que los estudiantes, desaparecidos.

Una vez más, el GIEI documentó, aunque ahora de forma más extensa, la participación de la Semar en las indagatorias, y donde queda particularmente una gran interrogante, acerca de su participación en el posible sembrado de evidencias falsas, debido a que se documentó su presencia en lugares clave como el Río San Juan, donde Tomás Zerón afirmó encontrar restos de los estudiantes, desde días antes de que esto fuera informado; la documentación acerca de estas actividades, e investigaciones importantes de las que se tiene certeza de su existencia pero no de su ubicación, es otro de los pendientes con los que tampoco se ha podido avanzar, ante la negativa de presentar la información respectiva, de parte de las autoridades vigentes.

Beristain, reconoció que se van de México tristes y frustrados, por no haber obtenido el apoyo que hubieran esperado, pero señaló que estarán entregando de forma detallada sus conclusiones, para que la fiscalía especializada sobre el caso, continúe las indagatorias correspondientes, y se pueda llegar algún día a la verdad, no solo sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos, sino también acerca de las motivaciones que generaron tan deleznable crimen.

A continuación la presentación completa del informe: