Después de más de 17 años de conflicto social, los ejidatarios de San Salvador Atenco, han comenzado a recuperar las tierras que les pertenecían al menos desde 1929.
Cabe recordar que años atrás, detonó un conflicto social, encabezado por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, donde se buscaba revertir la expropiación de cientos de hectáreas de terrenos, que habían sido nacionalizados para la construcción del fallido Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Este proyecto, finalmente fue cancelado por el vigente gobierno federal, quien optó por un nuevo proyecto de aeropuerto, al norte del Edomex (el AIFA).
Esta semana, finalmente en ceremonia oficial, el gobierno federal de México, restituyó 186 hectáreas de terrenos, a los ejidatarios de San Salvador Atenco.
El activista Ignacio del Valle Medina, quien se ha mantenido como una de las caras visibles y líderes del movimiento ejidal, señaló que esta restitución, realizada bajo la figura legal de «donación», corresponde a polígonos ubicados en las localidades de El Paraíso, Santa Ana, Xalapango y Santa Cecilia.
Esta área, se localiza a un costado de lo que ha empezado a construirse como el Parque Ecológico Lago de Texcoco.
Se trata de la primera parte de un acuerdo de restitución de terrenos a los ejidatarios que habían sido expropiados años atrás, no obstante que aún estarían pendientes 221 hectáreas de terreno; 66 de estas serían comunales y el resto serían parte de terrenos que ejidatarios se habían negado a vender, pero que igual habían sido expropiadas.
El activista también señaló que la labor de restauración ambiental con el nuevo parque, también será importante para el saneamiento de los ríos que pasan por la zona.
Esta restitución de terrenos, también se realizó en el marco de un aniversario más de los hechos ocurridos el 3 de mayo de 2006, donde se registraron fuertes acciones de violencia policial, por lo que los activistas mantienen también la exigencia de llevar ante la justicia a todos los responsables.
Al respecto, esta misma semana un tribunal colegiado ordenó a la fiscalía mexiquense trasladar a la Fiscalía General de la República, el expediente por tortura en contra de 11 mujeres, por los hechos ocurridos el 3 de mayo del 2006.
