Ley que transformará al CONACYT genera gran polémica; militares tendrán voz y voto, científicos ya no

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Este jueves, al fast-track los diputados federales de Morena, PT y PVEM, impulsaron la aprobación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, presentada por el poder ejecutivo.

Sin mayores discusiones, con 257 votos a favor y 208 votos en contra de las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC, el dictamen fue aprobado en lo general, y se procedió al análisis en lo particular, tras presentarse múltiples reservas.

Entre las implicaciones más relevantes de esta ley, destaca la supresión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el cual pasará a convertirse en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT).

La propuesta ha generado gran polémica, al grado que se ha vuelto TT el HT #ParoNacional, ante una convocatoria -sin firma- para hacer una jornada nacional de protesta por esta resolución.

«Además de errores de técnica jurídica, su implementación implica retrocesos al desarrollo científico, restricciones a la libertad de investigación, autoritarismo, discriminación, reducciones presupuestales y atenta contra derechos laborales y normas académicas», se señala en la convocatoria.

Entre los puntos que han causado mayor controversia de esta ley, está el hecho de que, otra vez, se le otorga control y presupuesto al ejército mexicano, a pesar de ser entidades totalmente ajenas a la ciencia y la tecnología.

Según esta ley, que todavía deberá ser ratificada por la cámara alta, el nuevo Conahcyt, tendrá una junta de gobierno, la cual estará integrada por varias secretarías, incluidas la de Educación Pública, Energía, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, Marina, y de Salud.

De esta forma, la Sedena y la Semar, tendrán múltiples facultades, incluyendo «la asignación de temas de investigación, selección de temas de posgrado, así como crear y desintegrar Centros Públicos».

Cabe señalar que “a las sesiones de la Junta de Gobierno se podrá invitar con voz, pero sin voto, a las personas servidoras públicas, académicas, humanistas, científicas, tecnólogas, innovadoras y, en general, a cualquiera que, por sus conocimientos y experiencia, se estime pudiese contribuir a la deliberación de los asuntos de competencia de la Junta de Gobierno”.

Es decir, científicos e investigadores ya no tendrán voto en las decisiones del nuevo órgano que reemplazará al Conacyt, privilegio que sí será concedido a los representantes militares y marinos, así como de otras dependencias de gobierno.

María Elena Álvarez-Buylla, presidenta del Conacyt, celebró la iniciativa, señalando que se trata de «un día histórico para el desarrollo humanístico, científico y tecnológico» de México.

A través de un hilo, expuso los puntos por los cuales está a favor de este proceso de transformación, afirmando que de esta forma se podrá dar una mejor distribución de recursos, sin que estos sean transferidos a empresas trasnacionales, como sucedió en anteriores sexenios, afirmó.

A pesar de esto, la ley ha causado gran controversia en redes sociales, pues no solo se incumplió el compromiso de realizar previamente múltiples discusiones públicas para su formulación, sino que se presentó y aprobó de forma sorpresiva, siendo que no estaba siquiera programada en la orden del día de la Cámara de Diputados, continuando así una secuencia de ‘albazos’ que se han venido implementando en días recientes en el Congreso.

 


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