10 de marzo 2022.- Este jueves el Parlamento Europeo aprobó una resolución mediante la cual se exhorta a las autoridades mexicanas a garantizar la protección a periodistas, tras ser ratificado como el país más peligroso de todo el mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.
Después del asesinato de al menos 7 comunicadores en lo que va del presente año, el parlamento aprobó la resolución con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones.
De esta forma se hace un severo llamamiento al gobierno mexicano, y se le exhorta a tomar medidas para la creación de un entorno seguro para los periodistas y defensores de derechos humanos.
En la resolución aprobada por los eurodiputados, se destaca que «México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra» y que la situación se ha deteriorado aún más desde las últimas elecciones presidenciales del 2018.
Según datos oficiales, al menos 47 periodistas han sido asesinados desde entonces. A ello se suma, advierte el texto, un problema endémico de impunidad, ya que alrededor del 95 % de los asesinatos de periodistas permanecen impunes.
El Parlamento «observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra los periodistas y su labor». Alude, en concreto, a la retórica del presidente López Obrador en sus conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas.
Los eurodiputados advierten de que «la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes» y pide a las autoridades que se abstengan de cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y también a los defensores de los derechos humanos. A este respecto, recuerdan que desde diciembre de 2018 al menos 68 activistas de derechos humanos han sido asesinados en el país.
Advierte, asimismo, que las reformas constitucionales de los sistemas electoral y judicial, iniciadas por la administración de López Obrador, plantean dudas sobre la estabilidad del Estado de derecho y la seguridad jurídica y muestra inquietud ante una propuesta legislativa que busca limitar la participación cívica de las ONG con financiación extranjera.
